Zaragoza exige al Estado cubrir el coste de la regularización

El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado iniciar los procedimientos legales para reclamar al Gobierno de España la compensación por los gastos extraordinarios derivados de la aplicación del decreto de regularización de inmigrantes, una medida que según el Consistorio se ha impuesto sin memoria económica, sin planificación y sin coordinación con las administraciones locales. La decisión se sustenta en el notable impacto operativo y presupuestario que el proceso ha generado en los servicios municipales, especialmente en el área de Políticas Sociales.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, subrayó que lo “lógico” habría sido acompañar el decreto de una dotación económica específica, máxime cuando el propio Gobierno central prevé recaudar entre 20 y 40 millones de euros en tasas, en función del número de personas regularizadas. “Estamos cansados del yo invito y tú pagas”, afirmó, al anunciar la recopilación detallada de todos los gastos extraordinarios para su posterior reclamación.

El Ayuntamiento denuncia que el proceso ha generado un “caos nacional”, marcado por la falta de información y la ausencia de coordinación institucional. La situación se agravó tras la respuesta del Gobierno central a la solicitud de aclaraciones enviada por Zaragoza el 28 de febrero, en la que se indicó que la aplicación del decreto no era competencia municipal. Pocos días después, comenzaron las largas colas ante los consistorios de todo el país.

Pese a este escenario, el Gobierno municipal reorganizó recursos con rapidez para evitar que el dispositivo afectara al funcionamiento ordinario de los servicios sociales. Desde que la gestión se centralizó en la Casa de las Culturas, el 27 de abril, se han atendido 3.392 personas a través de la línea 900 y se han asignado 3.164 citas, con agendas ya completas hasta la primera semana de junio. En apenas nueve días incluyendo un puente festivo se han elaborado 959 informes de vulnerabilidad, una cifra que evidencia la magnitud del esfuerzo administrativo.

Para hacer frente a la avalancha de solicitudes, el Ayuntamiento adaptó el modelo de acreditación de vulnerabilidad, habilitó agendas de cita previa, recopiló solicitudes registradas y facilitó a los profesionales el acceso a las aplicaciones de Servicios Sociales para agilizar la verificación de expedientes. Estas medidas han permitido sostener el ritmo de atención sin comprometer otros servicios esenciales.

El Gobierno municipal evaluará a finales de mes si es necesario reforzar el operativo, una decisión que dependerá de dos factores clave: una posible ampliación del plazo por parte del Gobierno de España y el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el procedimiento, previsto para este mismo mes de mayo.