Pueyo exige al Estado frenar el negocio ilegal de las citas de extranjería y garantizar derechos básicos
El diputado de CHA en el Congreso y candidato a la Presidencia de Aragón, Jorge Pueyo, ha situado en el centro del debate político uno de los problemas más persistentes y menos atendidos de la gestión pública: el mercado ilegal de citas de extranjería. En una comparecencia en Zaragoza, acompañado por militantes de CHA que han aportado testimonios directos, Pueyo ha denunciado la existencia de redes que se lucran con la necesidad de miles de personas migradas que dependen de una cita administrativa para mantener su empleo, acceder a prestaciones o evitar sanciones y expulsiones.
Según ha explicado, en los últimos años se ha consolidado un sistema paralelo que opera mediante bots que bloquean las agendas oficiales, intermediarios que revenden turnos en plataformas como Wallapop, Telegram o WhatsApp, y oficinas que actúan como puente entre las víctimas y las estafas. Las operaciones policiales desarrolladas entre 2023 y 2025 confirman que no se trata de casos aislados, sino de un fenómeno estructural alimentado por la saturación del sistema y la falta de recursos.
Pueyo ha subrayado que las personas migradas son las principales perjudicadas por esta situación. La dificultad para acceder a una cita en plazo puede provocar la pérdida del permiso de trabajo, la imposibilidad de renovar documentación o la caída en situaciones de irregularidad sobrevenida. A ello se suma la brecha digital, la falta de tiempo para competir en la “caza de turnos” y la inaccesibilidad de algunas oficinas físicas.
Para el diputado, el problema no es solo delictivo, sino institucional: cuando un servicio público se convierte en terreno fértil para mafias, existe un fallo de diseño y de gestión que vulnera derechos fundamentales. Por ello, CHA ha registrado una proposición no de ley que plantea un paquete de medidas para reforzar la oferta de citas, mejorar la atención y blindar el sistema frente al fraude.
Entre las propuestas destacan el refuerzo de personal y horarios, la simplificación administrativa, la ampliación de plazos para evitar caducidades involuntarias, la atención telefónica multilingüe, ventanillas prioritarias para casos urgentes, asistencia jurídica gratuita en situaciones de estafa y la implantación de barreras tecnológicas contra bots y automatismos fraudulentos. También se reclama mayor transparencia para impedir que la opacidad siga alimentando el mercado negro.
Pueyo ha concluido reclamando un Estado que “recupere la soberanía del servicio público”, con sistemas informáticos robustos, controles efectivos y sanciones contundentes. “No podemos permitir que la desesperación se convierta en una tarifa más. Hablamos de justicia, de derechos y de oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios que se lucren de la vulnerabilidad”, ha afirmado.
