Nolasco elimina la paga semanal a los menas en Aragón
La retirada de las propinas de 17 euros semanales busca corregir un gasto anual de 180.000 euros detectado en auditorías internas.
La decisión del vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, de suprimir la paga semanal a los menas en Aragón marca un giro relevante en la gestión del sistema de acogida autonómico. La medida, articulada mediante una instrucción interna, elimina las propinas de 17 euros semanales que se venían abonando de forma fija a los menores extranjeros no acompañados alojados en centros dependientes del Gobierno de Aragón, según consta en la documentación oficial.
Las auditorías internas realizadas por la consejería detectaron que estas pagas carecían de soporte reglado y suponían un gasto anual de 180.000 euros, vinculado al número de menores acogidos forzosamente por la comunidad autónoma en cumplimiento de las directrices estatales . El sistema funcionaba de manera homogénea: todos los menores recibían el mismo importe semanal, sin diferenciación por circunstancias personales, programas educativos o necesidades específicas.
Nolasco ha defendido públicamente que este ahorro permitirá destinar recursos a otras áreas sociales prioritarias. Según sus cálculos, los fondos liberados equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias, una comparación que busca subrayar el impacto presupuestario de la medida y su reorientación hacia servicios de mayor demanda social .
La instrucción que formaliza la supresión de estas pagas ha sido elaborada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero, consolidando así un cambio administrativo que afecta a todos los centros de acogida gestionados por la comunidad .
Con esta decisión, el Ejecutivo autonómico introduce una modificación significativa en la política de atención a los menores extranjeros no acompañados, en un contexto en el que el debate sobre la financiación, la capacidad de acogida y la distribución territorial de estos menores continúa siendo objeto de discusión institucional.
