CHA propone una moratoria para nuevos centros de datos en Aragón

La expansión de los centros de datos en Aragón ha abierto un debate político, territorial y ambiental de primer orden. La Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado en las Cortes una proposición no de ley que reclama una moratoria en la autorización de nuevos proyectos hasta disponer de una planificación pública que garantice un uso sostenible de la energía y el agua. Según el documento, el objetivo es evitar que la implantación de esta industria avance sin una evaluación rigurosa de sus impactos acumulados.

La iniciativa, que será debatida en el Pleno, plantea la elaboración de una estrategia integral que analice el efecto de los centros de datos existentes, los proyectos anunciados y las futuras ampliaciones sobre el consumo energético, los recursos hídricos, el territorio y la convivencia con otras actividades económicas. Tal como recoge el texto, “el debate ahora es si el Gobierno está dispuesto a planificar su implantación o va a seguir dejando que sean las grandes multinacionales quienes decidan el futuro energético e hídrico de Aragón”.

Un modelo industrial bajo presión ambiental

El crecimiento de esta infraestructura digital coincide con un contexto marcado por la emergencia climática, el aumento de los episodios de sequía y la presión sobre los recursos naturales. Por ello, CHA considera imprescindible que cualquier nuevo proyecto cumpla criterios ambientales vinculantes y garantice que no comprometerá el abastecimiento de agua, el suministro energético ni el desarrollo de otros sectores productivos.

La propuesta incluye la realización de un estudio exhaustivo sobre el impacto acumulado de los centros de datos y de las infraestructuras energéticas necesarias para su funcionamiento. Además, reclama planes de formación que aseguren que el empleo generado revierta realmente en la población aragonesa.

Fiscalidad específica y retorno territorial

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la creación de un impuesto específico sobre el consumo energético e hídrico de los centros de datos. El objetivo es que parte de los beneficios económicos derivados de estas instalaciones se traduzcan en una reducción de la factura eléctrica de familias y empresas, así como en inversiones en vivienda, empleo y servicios públicos en las comarcas afectadas.

El documento también propone que los Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA) incorporen contrapartidas fiscales suficientes para los municipios que albergan estas infraestructuras, reforzando así el retorno territorial.

Transparencia y normativa estatal

CHA insta al Gobierno de Aragón a exigir al Ejecutivo central la aceleración de la transposición de la normativa europea sobre eficiencia energética de los centros de datos, con el fin de hacer obligatoria la publicación de sus consumos de agua y energía. Asimismo, plantea modificar la legislación catastral para que estas instalaciones sean consideradas Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICES), lo que incrementaría la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos.

Un debate de fondo sobre el modelo industrial

La formación advierte de que antes de seguir autorizando proyectos es necesario responder a cuestiones esenciales: cómo afectarán al suministro eléctrico, al acceso al agua, al desarrollo de otras industrias, al empleo o a la calidad de vida de la población. En palabras del portavoz Jorge Pueyo, “Aragón necesita una política industrial seria, planificada y pensada para el interés general, no una carrera por atraer inversiones sin evaluar sus consecuencias”. El documento concluye recordando que “los recursos naturales son un bien común y no pueden quedar al servicio exclusivo de las grandes corporaciones tecnológicas”.

El debate sobre los centros de datos en Aragón se sitúa así en el centro de la agenda política, con implicaciones estratégicas para el modelo de desarrollo regional, la gestión de los recursos y la relación entre territorio e industria digital.