La DPZ denuncia incumplimientos en el convenio de barrios rurales

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha trasladado a los alcaldes y alcaldesas de los barrios rurales de la capital los incumplimientos del Ayuntamiento en la ejecución del convenio 2021-2024 y ha anunciado la convocatoria de una comisión de seguimiento para reclamar la devolución de 2 de los 6 millones de euros no ejecutados. Según el documento, los otros 4 millones no llegaron a transferirse “precisamente por los incumplimientos”.

La vicepresidenta de la DPZ, Teresa Ladrero, ha lamentado la actitud del Consistorio y ha denunciado que “el Ayuntamiento actúa como si el convenio no tuviera valor jurídico ni consecuencias legales, como si no hubiera decaído y se hubiera prorrogado por arte de magia”. Ladrero ha acusado al equipo de gobierno de la alcaldesa Natalia Chueca de “insultar” a la institución provincial, que es quien aporta los fondos.

Reunión con los barrios rurales y quejas por la gestión municipal

A la reunión asistieron representantes de Garrapinillos, Movera, Juslibol, Peñaflor, San Juan de Mozarrifar y Monzalbarba, mientras que Montañana y La Cartuja Baja justificaron su ausencia mediante carta, mostrando sus quejas por la gestión del convenio por parte del Ayuntamiento.

Ladrero ha subrayado que la convocatoria se realizó “en aras de la transparencia y la información y a petición de los barrios rurales, que se sienten desamparados por el Ayuntamiento de Zaragoza”. La vicepresidenta ha recordado que el Consistorio dejó 6 millones sin ejecutar, y ha puesto ejemplos del desequilibrio en el reparto: “en Montañana el Ayuntamiento solo ha invertido 60.000 euros con cargo al último convenio y a Juslibol directamente no ha llegado ni un solo euro”.

El convenio 2017-2019: 1,5 millones sin ejecutar

El documento detalla que el convenio 2017-2019, dotado con 9 millones de euros, fue prorrogado hasta 2023. A pesar de ello, el Ayuntamiento tuvo que devolver 764.000 euros en 2024 y está tramitando otro reintegro de 732.000 euros, lo que eleva la inejecución a 1,5 millones.

El convenio 2021-2024: solo un tercio ejecutado

El convenio posterior, dotado con 16 millones, establecía tres líneas de financiación:

• 4 millones sin justificar por servicios compartidos.

• 3 millones para finalizar obras del convenio anterior.

• 9 millones para nuevas actuaciones.

De estos últimos, el Ayuntamiento solo ejecutó 3 millones, dejando 6 millones sin justificar. Como los 4 millones de la última anualidad no se transfirieron por los bajos niveles de ejecución, la DPZ reclamará 2 millones en la comisión de seguimiento.

El convenio también introdujo un criterio objetivo de reparto, fijando que el 40% de los fondos se distribuyera de forma igualitaria y el 60% según población. La DPZ denuncia que el Ayuntamiento no cumplió este criterio.

El Ayuntamiento dejó expirar el convenio

La Intervención municipal recomendó en julio de 2024 solicitar la prórroga del convenio antes de su vencimiento, debido al “escaso grado de ejecución alcanzado en las obras realizadas, tan solo del 2% a falta de un año de ejecución y del 12,6% a falta de media anualidad”. Sin embargo, el Ayuntamiento no convocó la comisión de seguimiento solicitada por la DPZ el 20 de diciembre, y el convenio expiró el 31 de diciembre de 2024.

Hacia un nuevo modelo de ayudas

La DPZ mantiene su disposición a firmar un nuevo convenio, pero insiste en que primero debe liquidarse el anterior. Ladrero plantea una fórmula similar al plan anual de ayudas para barrios rurales que la Diputación convoca en la provincia, con criterios claros y ejecución garantizada.

La disputa entre ambas instituciones sitúa en el centro del debate la gestión de los recursos destinados a los barrios rurales y la necesidad de garantizar mecanismos de control, transparencia y eficacia en su ejecución.