La MERP impulsa el blindaje constitucional de las pensiones

La plataforma entrega 2.000 firmas en Aragón y convoca concentraciones en más de 100 ciudades para exigir un blindaje constitucional de las pensiones y frenar los recortes en el sistema público.

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La MERP impulsa el blindaje constitucional de las pensiones

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) ha dado un nuevo paso en su campaña para asegurar la protección del Sistema Público de Pensiones mediante una reforma constitucional. Representantes de la plataforma entregaron este miércoles a la Justicia de Aragón 2.000 firmas recogidas en el último mes, un gesto que refuerza una reivindicación que ya suma más de 2,6 millones de apoyos en todo el país, además de otras 300.000 firmas pendientes de registro.

La MERP, integrada por 537 organizaciones, ha convocado para este jueves concentraciones simultáneas en más de 100 poblaciones del Estado. En Zaragoza, la cita será a las 18:30 horas en la Plaza de España, donde se espera una amplia participación ciudadana.

Según portavoces de la plataforma, los recortes y reformas que avanzan en varios países europeos están poniendo en cuestión las pensiones públicas y otras conquistas sociales. En España, denuncian que el retraso progresivo de la edad de jubilación y las presiones para privatizar parte del sistema suponen un riesgo para el futuro del modelo. Por ello, insisten en la necesidad de introducir en la Constitución un “candado” que impida tanto la privatización como la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones.

La MERP sostiene que el Estado del Bienestar encuentra en el sistema público de pensiones su pilar más sólido, ya que afecta a toda la población a lo largo de su vida laboral y posterior jubilación. De ahí su mensaje central: “somos 49 millones de pensionistas, presentes y futuros”, una llamada a la movilización social “sin importar ideologías, credos o siglas”.

Con esta nueva entrega de firmas, la plataforma refuerza su estrategia de presión institucional y social, convencida de que solo un amplio consenso ciudadano permitirá blindar un derecho que consideran esencial para la cohesión social y la igualdad intergeneracional.

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