La hostelería rural gana reconocimiento legal como servicio esencial frente a la despoblación
Un paso legislativo para reforzar la vida en los pueblos
El Congreso ha dado un paso significativo en el reconocimiento institucional de los servicios básicos que sostienen la vida cotidiana en los municipios más pequeños. El diputado de CHA, Jorge Pueyo, ha logrado incorporar en el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social una disposición que reconoce la función social de la hostelería, la restauración y otros servicios esenciales en las zonas rurales en riesgo de despoblación.
La iniciativa, impulsada desde el Grupo Plurinacional Sumar y defendida en ponencia por la portavoz Verónica Barbero, se ha materializado mediante una transacción acordada con ERC. El resultado es la inclusión de una disposición adicional duodécima que obliga al Ministerio de Trabajo y Economía Social a elaborar, en un plazo de doce meses, un estudio sobre la viabilidad económica y jurídica de nuevas propuestas normativas destinadas a proteger y reforzar estos establecimientos.
Un reconocimiento a la infraestructura social de los pueblos
La disposición aprobada identifica como servicios esenciales a aquellos que, en muchos municipios, actúan como auténticos nodos de cohesión social: hostelería con restauración cotidiana, comercio de alimentación, farmacia rural, estancos con servicios administrativos, gestorías, puntos de atención ciudadana, ferreterías, fontanería, reparación y mantenimiento, así como servicios postales y de mensajería.
Estos negocios, más allá de su actividad económica, cumplen un papel determinante en la fijación de población, la prestación de servicios básicos y el mantenimiento de la vida comunitaria en territorios donde la pérdida de habitantes amenaza la continuidad de la actividad social y económica.
COMPETUR, origen de la propuesta
La medida parlamentaria recoge la propuesta de COMPETUR, la alianza por la competitividad turística integrada por Hostelería de España, CEHAT y Cerveceros de España. La organización había solicitado la elaboración de un Plan de Acción para impulsar la función social de la hostelería, la restauración y los alojamientos turísticos en zonas despobladas, incluyendo modificaciones normativas específicas que dotaran de un marco jurídico más sólido a estos establecimientos.
El acuerdo alcanzado supone, según fuentes parlamentarias, el primer paso hacia ese objetivo: reconocer que la hostelería rural no solo es un motor económico, sino también un servicio imprescindible para garantizar la igualdad territorial y la cohesión social.
Un avance con impacto territorial
La incorporación de esta disposición en la Ley de Economía Social abre la puerta a futuras medidas que podrían traducirse en incentivos, protección normativa y nuevas herramientas de apoyo para los negocios que sostienen la vida diaria en los pueblos. En un contexto de despoblación creciente, el reconocimiento de su función social se convierte en un elemento estratégico para la supervivencia de los servicios básicos y la revitalización del medio rural.
