CHA reclama un protocolo urgente para garantizar las actividades extraescolares y dar seguridad jurídica al profesorado
La formación advierte del riesgo de “empobrecimiento educativo” y pide un marco autonómico claro para regular salidas escolares, viajes educativos y actividades culturales.
Chunta Aragonesista (CHA) defenderá mañana en el pleno de las Cortes de Aragón una Proposición no de Ley que insta al Gobierno autonómico a elaborar, “en el plazo más breve posible”, un protocolo autonómico específico que regule la planificación, organización y desarrollo de las actividades extraescolares y complementarias en los centros educativos aragoneses. La portavoz adjunta de CHA, Isabel Lasobras, subraya que la situación actual está generando “una creciente preocupación” entre el profesorado y los equipos directivos debido a la falta de un marco normativo claro que aporte seguridad jurídica a alumnado y familias.
Según recoge la nota oficial, hasta 60 centros educativos de Aragón han suspendido ya sus actividades extraescolares y complementarias ante la incertidumbre existente. Para Lasobras, esta situación “amenaza con empobrecer la experiencia educativa del alumnado aragonés”, que podría finalizar etapas sin participar en actividades culturales, científicas o de convivencia esenciales para su formación.
Un protocolo que clarifique responsabilidades y garantice seguridad
CHA propone que el futuro protocolo incluya aspectos clave como:
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Responsabilidad jurídica del profesorado.
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Seguridad del alumnado.
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Gestión de riesgos y atención sanitaria.
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Bienestar de todas las personas participantes.
La formación reclama además criterios homogéneos para todos los centros con el fin de reducir la incertidumbre y evitar cancelaciones generalizadas.
Formación y apoyo para equipos directivos y docentes
Lasobras considera imprescindible que el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades impulse acciones formativas dirigidas al profesorado y a los equipos directivos para facilitar la correcta aplicación del protocolo.
La portavoz insiste en que el documento debe elaborarse “contando con toda la comunidad educativa: profesorado, direcciones, alumnado, familias y organizaciones representativas”, con el objetivo de garantizar una educación integral y de calidad.
