CHA exige un convenio digno para residencias en Aragón
CHA impulsa en las Cortes una iniciativa para mejorar las condiciones laborales, reforzar las ratios de personal y actualizar la normativa del sistema de residencias de mayores en Aragón.
La portavoz adjunta de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha anunciado la presentación de una proposición no de ley destinada a mejorar las condiciones laborales y asistenciales del sector de las residencias públicas de personas mayores en Aragón. Una iniciativa que, según subraya, responde a la necesidad de garantizar la dignidad, los derechos y la adecuada atención de las personas mayores, dependientes y con discapacidad.
Lasobras recuerda que el sistema de residencias constituye uno de los pilares del Estado del bienestar y un servicio público esencial para la cohesión social y territorial. Se trata, afirma, de un ámbito “profundamente feminizado, de enorme valor social y con una elevada exigencia física y emocional”, que sostiene buena parte del sistema de cuidados.
Pese a ello, denuncia que el sector continúa marcado por la precariedad laboral, con salarios bajos, jornadas fragmentadas, sobrecarga de trabajo y dificultades para conciliar. Una situación que, además de afectar a las plantillas, repercute directamente en la calidad de la atención que reciben las personas usuarias.
En Aragón trabajan alrededor de 25.000 personas en el ámbito de la dependencia, en su mayoría mujeres, lo que evidencia —según la portavoz— la relevancia social y económica del sector y la urgencia de dignificar estas profesiones. La temporalidad y la parcialidad involuntaria siguen siendo obstáculos para la estabilidad laboral y para la continuidad asistencial.
La iniciativa de CHA incorpora también las reivindicaciones de organizaciones sindicales y profesionales, que desde hace años reclaman la negociación de un convenio colectivo autonómico que mejore las condiciones laborales, establezca ratios adecuadas de personal y refuerce la estabilidad del empleo. “No podemos seguir sosteniendo el sistema de cuidados sobre la precariedad”, insiste Lasobras, quien defiende avanzar hacia un modelo que garantice calidad asistencial y empleo digno.
La portavoz destaca que esta cuestión adquiere especial relevancia en Aragón debido al envejecimiento de la población y a la dispersión territorial, factores que exigen reforzar el sistema público de residencias para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios de proximidad en todo el territorio.
La proposición no de ley insta al Gobierno de Aragón a impulsar un convenio colectivo autonómico, fijar ratios mínimas adecuadas de personal, mejorar la estabilidad laboral y aumentar la financiación pública destinada al sistema de atención a la dependencia. Asimismo, reclama la actualización del Decreto 111/1992, que regula las condiciones mínimas de los servicios y establecimientos sociales especializados.
“Defender mejores condiciones laborales en este ámbito es defender un modelo social que sitúe a las personas en el centro de las políticas públicas y garantice el derecho a unos cuidados dignos en todas las etapas de la vida”, concluye Lasobras.
