CHA fuerza al Gobierno de Aragón a explicar la aplicación de la “prioridad nacional” en todos los departamentos

Los seis diputados y diputadas de Chunta Aragonesista (CHA) han registrado en las Cortes de Aragón un total de nueve preguntas parlamentarias dirigidas a cada consejería del Ejecutivo de Jorge Azcón. El objetivo es que el Gobierno detalle, de forma “clara y específica”, cómo piensa aplicar la llamada “prioridad nacional”, incluida en el acuerdo de gobernabilidad entre PP y VOX, calificado por CHA como “pacto de la vergüenza”. Tal como recoge el documento: “han registrado hasta nueve preguntas parlamentarias [...] para que expliquen cómo piensan aplicar la llamada ‘prioridad nacional’”.

Las iniciativas, presentadas por Jorge Pueyo, Isabel Lasobras, Miguel Jaime, Mary Carmen Bozal, Verónica Villagrasa y Mascún Ariste, buscan determinar el impacto real de este criterio en ámbitos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, administración pública y ayudas agrarias.

Un concepto con posibles efectos discriminatorios

El portavoz parlamentario de CHA, Jorge Pueyo, advierte de que la ciudadanía debe conocer si el Gobierno pretende condicionar el acceso a derechos básicos en función del origen o del tiempo de residencia. En palabras del propio Pueyo: “la ciudadanía tiene derecho a saber si el Gobierno de Aragón pretende convertir el acceso a derechos y servicios públicos en una carrera de obstáculos dependiendo del lugar de nacimiento, de las creencias, o del tiempo que alguien lleve viviendo y trabajando aquí”.

El diputado recuerda además que “diversas ONG, entidades sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos e incluso representantes de la Iglesia católica han alertado ya del riesgo de introducir criterios discriminatorios incompatibles con los principios básicos de igualdad y dignidad humana”.

CHA denuncia que PP y VOX ya votaron en contra, en el pleno anterior, de iniciativas que defendían principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la universalidad de los servicios públicos o la cohesión social.

Nueve preguntas para nueve consejerías

Cada departamento del Gobierno deberá explicar públicamente cómo piensa trasladar la prioridad nacional a su ámbito competencial. Entre las cuestiones registradas destacan:

• Aplicación del criterio en ayudas sociales y servicios públicos.

• Impacto en la universalidad y equidad del sistema sanitario.

• Consecuencias en becas, escolarización, universidad e investigación.

• Efectos en vivienda pública, empleo y ayudas agrarias.

• Compatibilidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

Aragón, tierra de acogida

Pueyo subraya que “Aragón siempre ha sido una tierra de acogida, convivencia y derechos, y no vamos a permitir que se normalicen discursos que señalan y dividen a la sociedad”. CHA reafirma que el acceso a servicios públicos y prestaciones debe regirse por igualdad, universalidad y no discriminación, garantizando el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos.