CHA exige claridad sobre la actuación de Inspección en Huesca
Chunta Aragonesista reclama al Gobierno de Aragón información sobre el expediente solicitado por las Cortes ante los problemas derivados de la actuación del servicio de Inspección educativa de Huesca en el IES Ramón y Cajal.
La portavoz adjunta de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, ha registrado una pregunta parlamentaria para conocer qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón tras la inspección realizada en el IES Ramón y Cajal de Huesca a finales de noviembre de 2024 y las consecuencias derivadas de sus decisiones.
Según recoge la nota de prensa, la iniciativa se enmarca en una proposición no de ley aprobada en la pasada legislatura, en la que las Cortes instaban a la Dirección de la Inspección —dependiente de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte— a abrir un expediente informativo y recabar información tanto del Servicio Provincial de Huesca como de la Dirección del centro educativo.
La cuestión adquiere especial relevancia tras las declaraciones del profesorado del instituto, que ha mostrado su desacuerdo con las explicaciones del Departamento de Educación y ha denunciado la existencia de criterios cambiantes por parte del servicio de Inspección. Según el documento, los docentes sostienen que “no existirían deficiencias en el sistema de evaluación, sino diferencias en la interpretación de la normativa”, lo que estaría generando incertidumbre y desgaste en el centro.
Lasobras considera “preocupante” que, según denuncian los docentes, se estén produciendo modificaciones continuas en los criterios de evaluación, incluso en momentos clave del curso y bajo advertencias de posibles sanciones administrativas. La portavoz adjunta califica además como “muy grave” que el profesorado manifieste temor a pronunciarse por posibles represalias.
En este contexto, CHA reclama al Ejecutivo autonómico que aclare si ha cumplido el mandato parlamentario y qué medidas ha adoptado para evitar arbitrariedades, garantizar la estabilidad en los centros educativos y ofrecer seguridad jurídica al profesorado. “Es imprescindible que el Gobierno de Aragón aclare si ha cumplido el mandato de las Cortes y qué medidas ha adoptado para evitar arbitrariedades”, concluye Lasobras.
