Aragón logra su mayor avance en la gestión de la discapacidad y reduce la lista de espera a mínimos históricos
El sistema aragonés de reconocimiento de la discapacidad cerró 2025 con un balance excepcional, marcado por un incremento notable en el número de valoraciones realizadas y una reducción sin precedentes de la lista de espera. Según los datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), entre enero y diciembre se completaron 19.510 valoraciones, lo que supone un 10,93% más que en 2024 y consolida una tendencia de mejora sostenida desde 2023.
A 31 de diciembre de 2025, 84.011 aragoneses cuentan con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. De ellos, 7.743 han recibido su resolución en los últimos doce meses, reflejo del esfuerzo organizativo y operativo desplegado por la administración autonómica. Paralelamente, la lista de espera se ha reducido hasta 5.851 solicitudes pendientes, la cifra más baja desde que existen registros y un descenso del 42,41% solo en el último año. Si se compara con el máximo histórico de julio de 2024, cuando se acumulaban 12.508 expedientes sin valorar, la caída alcanza el 53,44%.
Este avance ha sido posible gracias al refuerzo de los cuatro equipos de valoración que operan en Aragón, integrados por profesionales médicos, psicólogos, psiquiatras, personal de enfermería, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales y personal administrativo. La continuidad de estos equipos —con contratos prorrogados o ampliados durante 2026— ha permitido absorber una entrada media de 1.200 nuevos expedientes al mes, al tiempo que se impulsaba la digitalización de los procedimientos, un proceso clave para agilizar la gestión y mejorar la trazabilidad de los casos.
El IASS subraya que la combinación de recursos humanos especializados, planificación operativa y modernización tecnológica ha sido determinante para revertir una situación que, en 2024, alcanzó niveles críticos de acumulación. La administración autonómica considera que el actual escenario abre una etapa de mayor estabilidad y capacidad de respuesta para un servicio esencial en el ámbito del bienestar social.
