El nuevo reglamento del juego en Aragón refuerza la protección social y ordena un sector en transformación
El Gobierno de Aragón avanza en la aprobación de un nuevo Reglamento General del Juego, una norma que aspira a ordenar un sector en constante evolución y a reforzar la protección de los colectivos más vulnerables frente a los riesgos asociados al juego. El texto, publicado para información pública en el Boletín Oficial de Aragón, abre un periodo de dos meses para la presentación de alegaciones antes de su elevación al Consejo de Gobierno.
El reglamento nace directamente de la Ley 9/2023, que reformó de manera integral la Ley 2/2000 del Juego de Aragón. Aquella modificación introdujo un marco más estricto en materia de juego responsable, control de accesos, limitaciones publicitarias y bases legales para el desarrollo de reglamentos específicos. La nueva norma culmina ese proceso al unificar y actualizar toda la regulación existente en un único texto coherente y adaptado a la realidad social actual.
Entre las medidas más relevantes destaca la reducción de los puestos de juego en establecimientos de hostelería, que pasan de un máximo de seis a un límite general de dos, ampliable excepcionalmente a tres cuando pertenezcan al mismo operador. También se fija un tope de 5.600 autorizaciones para máquinas recreativas tipo B.1, frente a las 6.200 vigentes hasta ahora, y se amplía la duración de las autorizaciones de cuatro a cinco años.
El reglamento introduce además un cambio sustancial en la gestión de autorizaciones: la transmisión de titularidad implicará su extinción, salvo acuerdo expreso en contrario. En materia de horarios, las salas de bingo verán limitado su funcionamiento hasta las 02:00 horas, equiparándose a los salones de juego. Se mantiene asimismo la distancia mínima de 500 metros entre locales de juego para nuevas aperturas o ampliaciones, una medida ya presente en la normativa anterior y que se conserva por su impacto en la ordenación territorial del sector.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico reafirma su apuesta por una regulación más ordenada, responsable y alineada con las demandas sociales, reforzando los mecanismos de control y la protección ciudadana en un ámbito especialmente sensible.
