Aragón exhibe su liderazgo en dependencia y exige más fondos
La consejera Carmen Susín defiende en el Senado la eficiencia del sistema aragonés de dependencia y reclama al Estado una financiación justa para garantizar la sostenibilidad del modelo.
El Gobierno de Aragón ha defendido en el Senado la solidez y el avance del sistema autonómico de dependencia, un ámbito en el que la comunidad asegura haber alcanzado niveles de agilidad administrativa, cobertura y gestión sin precedentes. La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, compareció ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para exponer lo que calificó como un “salto cualitativo” en la atención a las personas dependientes en los últimos dos años y medio.
Según los datos presentados, Aragón ha reducido el tiempo medio de resolución de expedientes a 134 días, situándose 204 días por debajo de la media nacional. Este indicador, subrayó Susín, refleja un modelo que ha logrado “liderazgo en eficiencia” gracias a una reorganización interna y a un refuerzo sostenido de recursos.
La consejera destacó que en 2024 se ejecutaron 319 millones de euros en políticas de dependencia, la mayor cifra registrada en la comunidad, y que las previsiones apuntan a un incremento en 2025. Sin embargo, advirtió de que el esfuerzo autonómico se ve tensionado por factores estructurales como la dispersión geográfica, el envejecimiento poblacional y el elevado coste de prestar servicios en un territorio extenso y poco poblado.
En este contexto, Susín denunció la infrafinanciación estatal, recordando que el Estado aportó en 2024 110 millones de euros, apenas un 34% del total. “Aragón aporta dos de cada tres euros”, afirmó, lejos del reparto 50%-50% previsto en la Ley de Dependencia desde 2006. Según sus cálculos, el Gobierno central adeuda 450 millones de euros por no haber cumplido ese compromiso desde 2018.
La consejera alertó además de que la reforma estatal de la Ley de Dependencia y Discapacidad podría generar “derechos de papel” si no se acompaña de una memoria económica suficiente. “Sin planificación presupuestaria, se nos pide a las comunidades que financiemos también la parte del Estado”, advirtió.
Los últimos datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales confirman un máximo histórico de 49.233 personas atendidas, un 8,1% más que el año anterior, con 65.444 prestaciones activas. Las ayudas económicas por cuidados en el entorno familiar (PECEF) siguen siendo las más extendidas, con 25.067 perceptores. Además, las solicitudes pendientes de valoración han caído un 12,87%, situándose en su nivel más bajo desde 2022.
La comparecencia de Susín se produjo junto a representantes de otras comunidades autónomas, en un debate centrado en la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y en la necesidad de revisar el modelo de financiación autonómica.
