Aragón denuncia el recorte del 36% en las nuevas plazas de jueces
Mar Vaquero exige al Gobierno central los informes técnicos que justifican la reducción de 11 a 7 plazas judiciales en la comunidad.
La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha exigido al Ejecutivo central una explicación detallada sobre el recorte del 36% en las plazas de nuevos jueces asignadas a la comunidad, una decisión que ha reducido la previsión inicial de 11 a solo 7 plazas. Según la información oficial, esta modificación se comunicó durante la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada de forma telemática, y ha generado un profundo malestar institucional.
Tal como recoge la página consultada, Vaquero trasladó al ministro Félix Bolaños su preocupación por una decisión que se ha producido “sin conocimiento previo por parte del Gobierno aragonés y contradiciendo las propias previsiones recogidas por el Ministerio en el proyecto de Real Decreto” . La vicepresidenta subrayó que Aragón ha sido “la única comunidad autónoma perjudicada por una reducción de estas características” , lo que incrementa la necesidad de aclarar los criterios aplicados.
Exigencia de transparencia y criterios técnicos
Vaquero ha reclamado al Ministerio la entrega de los informes técnicos, las fechas de elaboración y las valoraciones que sustentan el cambio de criterio. En su intervención, señaló que “resulta muy llamativo que no se hayan explicado las motivaciones de este cambio” y que los argumentos esgrimidos se limitan a “criterios genéricos”, los mismos que inicialmente justificaron la asignación de 11 plazas.
La vicepresidenta advirtió que, si no existen criterios objetivos verificables, “estaremos ante una decisión basada en razones políticas y no en las necesidades reales de la Administración de Justicia” . Esta afirmación sitúa el debate en un plano institucional de alta relevancia, especialmente en un contexto donde la carga de trabajo judicial y la necesidad de refuerzos es una cuestión recurrente en Aragón.
Reacciones institucionales
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) también ha mostrado su rechazo a la medida. Según el contenido de la página, el TSJA ha expresado su “estupefacción y rechazo” ante una decisión que considera injustificada . La coincidencia de criterios entre el Gobierno autonómico y el órgano judicial refuerza la percepción de falta de transparencia en el proceso.
Un recorte con impacto en la estructura judicial aragonesa
La reducción de plazas afecta directamente a la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia en Aragón, una comunidad que ya ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de reforzar sus órganos judiciales. La asignación de nuevas plazas es clave para mejorar la eficiencia, reducir tiempos de espera y garantizar un servicio adecuado a la ciudadanía.
La reclamación de Vaquero se centra en obtener una explicación clara y documentada que permita evaluar si la decisión responde a criterios técnicos o si, por el contrario, se trata de una modificación arbitraria que perjudica a la comunidad.
