Agresión en un centro de menores reabre el debate en Aragón
Una trabajadora social denuncia a un mena de 16 años tras una agresión en el centro de Movera, un caso que el Gobierno de Aragón vincula a una escalada de incidentes y que impulsa un refuerzo de seguridad en estos recursos asistenciales.
La agresión sufrida por una trabajadora social en el centro de menores de Movera (Zaragoza) ha reactivado la preocupación institucional por la seguridad en los dispositivos de atención a menores extranjeros no acompañados, según la información trasladada por la propia residencia y recogida por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Aragón. El episodio, ocurrido el 22 de mayo, implicó a un joven de 16 años, de nacionalidad marroquí, que se encuentra bajo tutela autonómica.
El informe interno del centro detalla que el menor había protagonizado incidencias previas de gravedad, pero en esta ocasión la situación escaló hasta la agresión física, tras una serie de amenazas y comportamientos hostiles hacia la educadora. La profesional logró esquivar el impacto de un plato que el joven le lanzó y, posteriormente, sufrió un empujón violento, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y la posterior denuncia presentada por la víctima en comisaría.
El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, subraya que este caso “no es aislado” y lo enmarca en un contexto de conflictividad creciente en algunos centros de acogida. Según el Ejecutivo autonómico, varios menores reincidentes estarían generando situaciones que comprometen la convivencia y la integridad del personal, especialmente de las trabajadoras.
Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha impulsado un protocolo de refuerzo de la vigilancia, cuya primera medida contempla la participación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, competente en la protección de sedes y recursos dependientes de la Administración autonómica. El plan será coordinado con la consejería responsable de dicha unidad.
Nolasco ha insistido en la necesidad de un seguimiento estrecho de las incidencias y en garantizar la transparencia pública sobre un asunto que, afirma, afecta a la seguridad colectiva. Además, ha anunciado que el Gobierno prestará asistencia jurídica a los trabajadores que sufran agresiones en el ejercicio de sus funciones, reiterando su apoyo a la profesional afectada.
El caso continúa ahora su trámite legal, mientras la Administración revisa los mecanismos de prevención y control en los centros de menores para evitar nuevos episodios de violencia.
