CSIF y JUPOL alertan del auge de agresiones a vigilantes
Los sindicatos reclaman más protección, protocolos actualizados y refuerzo de personal ante el incremento de agresiones a vigilantes de seguridad en Aragón.
La preocupación por la seguridad de los vigilantes de seguridad vuelve a situarse en el centro del debate laboral en Aragón. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato policial JUPOL han exigido este miércoles un refuerzo urgente de medios y protocolos tras el repunte de agresiones sufridas por estos profesionales en las últimas semanas. La concentración tuvo lugar ante la Delegación del Gobierno en Zaragoza, donde ambas organizaciones denunciaron una situación que consideran “insostenible”.
El detonante más reciente fue el motín en el centro de menores de Juslibol, ocurrido el pasado 5 de febrero, que se saldó con varios vigilantes, policías y educadores heridos. CSIF ha anunciado que se personará como acusación particular en representación de dos vigilantes agredidos durante el incidente. Según el documento, uno de ellos “fue golpeado por la espalda, lo tiraron al suelo y le dieron patadas en la cabeza”.
A este episodio se sumó, apenas tres días después, una nueva agresión en el Hospital San Jorge de Huesca, donde dos vigilantes fueron atacados por una paciente y un familiar. Para los sindicatos, estos hechos no son aislados, sino parte de una tendencia creciente. Tal como recoge la nota, “cada vez son más habituales las agresiones en centros sanitarios y de servicios sociales, tanto a los trabajadores como a los vigilantes”.
Isabel Castro, responsable de seguridad privada de CSIF Aragón, subraya la necesidad de revisar los modelos de gestión y reforzar los equipos humanos: “Los vigilantes deben trabajar siempre en pareja y nunca en solitario. No puede ser que se priorice el ahorro de costes frente a la salud de los profesionales”. Castro insiste en que “trabajar velando por la seguridad no puede significar jugarse la vida”.
Entre las reivindicaciones planteadas por CSIF destacan la dotación de medios de protección reales y eficaces, la revisión de protocolos, el refuerzo de personal, una protección jurídica efectiva, el reconocimiento del daño psicológico como accidente laboral y una reforma legal que garantice que ninguna agresión quede impune.
La organización sindical considera que la situación requiere una respuesta inmediata por parte de las administraciones y de las empresas de seguridad privada, con el objetivo de frenar una escalada de violencia que afecta directamente a quienes velan por la integridad de trabajadores y usuarios en servicios esenciales.
