Sanidad pública en el centro del debate en Calatayud
Jorge Pueyo reclama una sanidad pública, universal y sin privatizaciones ante los recortes en el Hospital Ernest Lluch y la Atención Primaria en Aragón
El candidato de Chunta Aragonesista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, situó en Calatayud el deterioro de la sanidad pública aragonesa como uno de los principales ejes de su campaña. Durante un mitin celebrado este domingo, denunció la paralización de las obras de las Urgencias del Hospital Ernest Lluch y el “grave recorte” de personal en la Unidad de Salud Mental del sector sanitario bilbilitano.
Pueyo subrayó que la situación es especialmente crítica en salud mental, donde un solo psiquiatra atiende a 46.000 personas, lo que ha disparado los tiempos de espera y ha dificultado el acceso a la atención psiquiátrica y psicológica, “especialmente en los casos más graves”. Para el candidato, este escenario no es un hecho aislado, sino “un reflejo del deterioro general del sistema sanitario aragonés”.
El dirigente de CHA acusó al Gobierno de Aragón de aplicar políticas que, a su juicio, favorecen la privatización progresiva del sistema. “Están jugando con la salud de decenas de miles de personas. Cuando el PP gestiona servicios públicos, lo único importante es el negocio”, afirmó, insistiendo en que las decisiones del Ejecutivo autonómico están generando recortes de personal, listas de espera interminables y un debilitamiento estructural de la red sanitaria.
Pueyo defendió un modelo de sanidad pública, sin privatizaciones y universal, con una apuesta decidida por la Atención Primaria distribuida por todo Aragón. Recalcó que la sanidad rural es “fundamental para la cohesión territorial y social”, y alertó de que la falta de personal, el envejecimiento de las plantillas y la escasez de recursos en consultorios locales y hospitales comarcales están ampliando la brecha entre el medio urbano y el rural.
Entre sus propuestas, destacó dedicar entre el 25% y el 30% del presupuesto sanitario a Atención Primaria, limitar las consultas telemáticas a un papel complementario, mejorar las condiciones laborales para fijar profesionales en zonas rurales, reducir la temporalidad, reforzar la formación en medicina y enfermería rurales, impulsar la participación comunitaria y garantizar listas de espera máximas de tres meses en especialidades y cirugías.