El Plan Estatal de Vivienda avanza hacia su despliegue

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado un paso decisivo en la puesta en marcha del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026‑2030, dotado con 7.000 millones de euros, tras avanzar en el acuerdo con las comunidades autónomas durante la reunión de la Comisión Multilateral. Este encuentro ha permitido perfilar los criterios que regirán el reparto de los fondos y preparar la convocatoria de la Conferencia Sectorial, donde se aprobará en primera vuelta la distribución territorial.

El nuevo plan supone un salto cuantitativo respecto a ejercicios anteriores, ya que triplica los recursos que gestionarán las autonomías. El modelo de financiación establece una corresponsabilidad entre administraciones: el Gobierno de España aportará el 60 % de la inversión, mientras que las comunidades asumirán el 40 % restante. Esta estructura busca reforzar la capacidad de ejecución y garantizar que las actuaciones se adapten a las necesidades específicas de cada territorio.

El PEV 2026‑2030 articula su inversión en tres grandes ejes. Un 40 % se destinará a la construcción y adquisición de nuevas viviendas, con el objetivo de incrementar el parque público y ampliar la oferta asequible. Otro 30 % se orientará a la rehabilitación del parque residencial existente, impulsando la eficiencia energética y la mejora de la habitabilidad. El último 30 % se dirigirá a la protección de colectivos y zonas vulnerables, reforzando las políticas de acceso y permanencia en la vivienda.

Uno de los elementos centrales del plan es el blindaje de la protección permanente para todas las viviendas construidas con financiación pública, evitando su descalificación futura y garantizando que permanezcan en el parque protegido de forma indefinida. Además, el programa incorpora una cláusula antifraude que refuerza la transparencia en los procesos de adjudicación y control de ayudas.

El Ministerio también impulsará un sistema público de datos que permitirá a la ciudadanía acceder a información actualizada y verificable sobre vivienda protegida, rehabilitación y ayudas disponibles. Esta herramienta pretende mejorar la trazabilidad de los recursos y facilitar la evaluación de las políticas públicas.

Con la aprobación inminente de los criterios de reparto, el Gobierno prevé activar el primer desembolso, correspondiente a 2026, por un total de 800 millones de euros, lo que permitirá iniciar las primeras actuaciones del plan.