Izquierda Unida denuncia precariedad laboral en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón
Izquierda Unida Aragón ha exigido al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que frene las “prácticas feudales” en la Fundación del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (FISSA), entidad que gestiona el IISA. La formación denuncia un modelo laboral “insostenible” caracterizado por contratos temporales encadenados, falsos autónomos, ausencia de convenio colectivo y diferencias retributivas entre profesionales.
El portavoz parlamentario de IU, Álvaro Sanz, recordó que la Fundación, creada en 2014 y con más de 220 trabajadores, forma parte del sector público autonómico aunque se rige por derecho privado. En once años no se ha aprobado un convenio colectivo y la negociación iniciada en 2024 permanece bloqueada. “Esta falta de regulación ha permitido consolidar prácticas que vulneran derechos básicos”, señaló.
Entre las irregularidades citadas figuran la inexistencia de una relación de puestos de trabajo, la no aplicación de mecanismos de estabilización, y la discrecionalidad en la asignación de complementos salariales. Sanz subrayó la importancia de las resoluciones de Inspección de Trabajo, que han emitido actas de infracción y liquidación obligando a la Fundación a equiparar salarios, reconocer trienios y corregir errores de cotización desde 2020. “Pese a la claridad de estas actas, la Fundación no ha informado a la plantilla ni ha aplicado las medidas”, denunció.
La intervención de María Pilar García, trabajadora del IISA y delegada de CCOO, ilustró las consecuencias de este modelo. Tras más de 14 años de precariedad continuada, relató contratos sucesivos, cambios ficticios de empleador entre el IACS y la Fundación, e incluso periodos como falsa autónoma. García denunció la pérdida de derechos derivados de su antigüedad y la presión sufrida desde que asumió representación sindical, lo que ha afectado a su salud.
El comité de empresa, constituido en marzo de 2024, también se enfrenta a un bloqueo en la negociación del convenio, con prácticas como el veto a asesores sindicales y convocatorias sin criterios de urgencia. IU reclamará en la Comisión de Sanidad que Bancalero explique por qué la Fundación sigue sin convenio colectivo, qué medidas se adoptarán para garantizar la legalidad y cómo se justifican las diferencias salariales detectadas. “No estamos ante un problema aislado sino ante un modelo laboral que debe corregirse de inmediato”, concluyó Sanz.
