IU exige frenar todos los expedientes de Forestalia en Aragón
Izquierda Unida reclama paralizar los proyectos de Forestalia en Aragón, una moratoria energética, revisión del INAGA y una investigación judicial exhaustiva sobre las presuntas irregularidades.
Izquierda Unida exige frenar todos los expedientes de Forestalia en Aragón
La formación política Izquierda Unida Aragón ha solicitado la suspensión inmediata de todos los expedientes de Forestalia, tanto los vinculados a macroproyectos renovables como a nuevos desarrollos y centros de datos, tras las recientes informaciones que apuntan a posibles mordidas millonarias, manipulación de informes ambientales y trato de favor en los procesos de aprobación de grandes instalaciones energéticas. La organización considera que los hechos revelados confirman las irregularidades que lleva años denunciando en el territorio aragonés.
Marta Abengochea, coordinadora de Izquierda Unida Aragón y portavoz parlamentaria, ha subrayado que “la justicia debe llegar hasta el final” y esclarecer lo que la comisión de investigación de las Cortes no pudo determinar. Ha recordado que IU fue, junto a plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas, una de las fuerzas más constantes en demandar una moratoria renovable y una planificación territorial y energética que evitara el despliegue desordenado del sector. No obstante, pese a aprobarse en 2021 una propuesta de planificación, esta nunca llegó a desarrollarse por ninguno de los gobiernos autonómicos posteriores.
Durante los últimos años, IU ha impulsado diversas iniciativas para proteger el territorio: desde la Ley de Protección del Paisaje aprobada en 2022, hasta la defensa del entorno de Sijena frente a proyectos eólicos, además de numerosas preguntas parlamentarias sobre impactos ambientales, protección de especies y planificación energética. A escala estatal, la formación también promovió iniciativas relacionadas con el clúster del Maestrazgo, un macroproyecto con más de cien aerogeneradores ubicado en áreas de alto valor ambiental y con informes técnicos negativos.
En este punto, IU considera imprescindible revisar de forma profunda todo el proceso de autorización del clúster y del resto de expedientes vinculados a Forestalia. Abengochea insiste en que el Gobierno de Aragón debe actuar con la misma contundencia que el Gobierno de España, que ya ha anunciado la paralización y auditoría de los expedientes tramitados a nivel estatal. Además, recalca que casos que señalan directamente al INAGA obligan a una remodelación integral del organismo para garantizar rigor, independencia y transparencia en su funcionamiento.
La dirigente de IU afirma que los hechos revelados refuerzan la necesidad de una moratoria renovable que permita ordenar el modelo energético con criterios ambientales, sociales y territoriales, priorizando el autoconsumo, las comunidades energéticas y la participación pública frente a la concentración del negocio en grandes empresas. “La transición energética no puede asociarse a sospechas de corrupción ni a la consolidación de intereses privados”, señala.
En materia política, IU denuncia la falta de coherencia del presidente Jorge Azcón, quien —según la formación— utilizó el caso Forestalia como eje de su discurso electoral en 2023 y ahora guarda silencio pese a que las investigaciones apuntan a irregularidades graves. También critica la sobreactuación de partidos que, en su día, bloquearon responsabilidades en la comisión de investigación, rechazaron conclusiones clave e impidieron avanzar en la planificación del despliegue renovable. Para Abengochea, “no parece coherente que quienes obstaculizaron asumir responsabilidades pretendan ahora liderar nuevas comisiones, cuando el caso ya está en manos de la justicia”.
Finalmente, IU advierte de la existencia de intereses económicos y posibles puertas giratorias en decisiones políticas sobre el sector energético. La formación reivindica su independencia, recordando que “no tiene ningún alto cargo vinculado a Forestalia”, y subraya que seguirá defendiendo planificación, transparencia y protección del territorio, con un objetivo claro: conocer quién se ha beneficiado del modelo energético dominante y quién se ha enriquecido durante el impulso de los macroproyectos en Aragón.
