Identificación de parcelas en la PAC: un laberinto legal que obstaculiza el cobro del ABR
La identificación de parcelas agrícolas en el marco de la Política Agraria Común (PAC) se ha convertido en un desafío persistente para los agricultores aragoneses, especialmente en zonas donde la propiedad de la tierra se encuentra en un limbo legal. La exigencia de vincular cada parcela al DNI del propietario ha generado una serie de complicaciones que afectan directamente la capacidad de los productores para cumplir con la condicionalidad y acceder al Ayuda Básica a la Renta (ABR).
Entre los principales obstáculos se encuentran las parcelas no escrituradas, aquellas no aceptadas en herencia, o cuyos propietarios están desaparecidos o fallecidos. En muchos casos, los agricultores carecen de medios para obtener la acreditación personal del titular, lo que impide una declaración correcta en la PAC.
Otro problema estructural radica en la cartografía catastral elaborada en los años 90. Con la llegada del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac), se evidenciaron discrepancias entre los planos oficiales y la realidad física de las parcelas. En municipios sin concentración parcelaria, estas diferencias se han acentuado, obligando a los agricultores a declarar terrenos que incluyen recintos pertenecientes a otros propietarios, aunque cuenten con autorización informal.
Desde 2016, la normativa exige la identificación del propietario para parcelas de más de 1 hectárea —una reducción respecto al umbral anterior de 2 hectáreas— lo que ha intensificado la necesidad de localizar a los titulares en zonas rurales con estructuras de propiedad fragmentadas. Esta situación ha derivado en una búsqueda infructuosa de propietarios por parte de los declarantes de la PAC, dificultando el cumplimiento de los requisitos.
El Gobierno de Aragón ha implementado un registro que permite a los propietarios declarar sus parcelas para evitar que sean incluidas en solicitudes de PAC sin su consentimiento. Sin embargo, esta medida entra en conflicto con la obligación impuesta a los agricultores de presentar el DNI del propietario, incluso cuando llevan décadas cultivando esas tierras bajo acuerdos de arrendamiento tradicionales. Esta duplicidad normativa genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad de explotaciones familiares.
A nivel estatal, las políticas orientadas a la Restauración de la Naturaleza han contribuido al abandono de parcelas agrícolas, especialmente en zonas despobladas. Estas tierras, al quedar sin cultivo, se transforman en pastos arbustivos, montes o masas forestales, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales difíciles de controlar, como se evidenció este verano en el noroeste de España.
La situación actual refleja una falta de coordinación entre las administraciones y una desconexión con la realidad del sector primario, que sigue enfrentando trabas burocráticas para mantener la actividad agraria en el territorio.
