El Gobierno plantea reorientar 900.000 viviendas hacia uso residencial
Isabel Rodríguez defiende movilizar el parque destinado al turismo y la inversión mediante ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y nuevas medidas de regulación.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido la necesidad de reorientar las 900.000 viviendas que actualmente se destinan al turismo o a la inversión hacia el uso residencial, según datos del Banco de España . La titular de Vivienda subrayó que esta medida es clave para afrontar uno de los principales problemas de la ciudadanía: el acceso a una vivienda digna.
Rodríguez intervino en la clausura del seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), celebrado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) . Allí destacó que el esfuerzo inversor del Gobierno ha permitido reactivar el sector de la construcción, imprescindible para corregir el déficit residencial del país.
Instrumentos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
La ministra recordó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV) incluye herramientas para movilizar este parque de viviendas hacia el alquiler asequible . Entre ellas, destacan:
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Ayudas para adquirir viviendas, financiando hasta el 70 % del coste, porcentaje que puede llegar al 85 % en zonas tensionadas.
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Ayudas para la cesión de viviendas a las comunidades autónomas durante siete años, con un precio máximo de alquiler de 600 euros mensuales, más la ayuda correspondiente.
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Rehabilitación y obras de mejora antes y después del alquiler, garantizando el correcto estado del inmueble.
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Gestión integral del alquiler por parte de las comunidades autónomas, que devolverán la vivienda al propietario en condiciones óptimas al finalizar el contrato.
Rodríguez insistió en que “con el derecho a la vivienda no se mercadea” y defendió que ha llegado el momento de centrarse en las soluciones, dado que ya existe consenso sobre las causas del problema.
Vivienda como derecho y necesidad de acuerdos
La ministra reivindicó que la vivienda debe abordarse “en términos de derecho, no de negocio o mercado” y llamó a alcanzar acuerdos entre administraciones, sector privado y entidades sociales para avanzar en políticas eficaces.
También defendió la necesidad de regular para garantizar el derecho a la vivienda, recordando que el Gobierno interviene para controlar precios del alquiler y combatir los pisos turísticos ilegales . En este contexto, cuestionó intervenciones pasadas como los rescates bancarios o las Golden Visa, que otorgaban residencia a compradores de viviendas de más de 500.000 euros.
Resultados de la acción del Gobierno
Rodríguez detalló los avances logrados desde 2018:
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Récord de licitaciones de vivienda pública en el primer trimestre de 2026 .
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4.700 millones de euros en licitaciones durante siete años, 3,7 veces más que el gobierno anterior .
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113.988 viviendas protegidas calificadas, frente a las 53.754 de las tres legislaturas previas .
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Viviendas protegidas iniciadas y finalizadas en niveles no vistos desde 2012 .
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27.497 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda, incluyendo transferencias a comunidades autónomas .
La ministra concluyó que el Gobierno ha acelerado el ritmo para consolidar el derecho a la vivienda, aunque aún es necesario avanzar más.