La gestión educativa de Pilar Alegría, en el centro del debate tras su salida del Ministerio
La salida de Pilar Alegría del Ministerio de Educación ha reactivado el debate sobre su gestión al frente del departamento. La portavoz de Educación del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha ofrecido una valoración contundente en la que acusa a la exministra de haber ejercido “con desinterés, falta de diálogo y una incapacidad manifiesta para ejecutar políticas educativas de impacto”.
Según Allué, el Ministerio deja sin ejecutar el 99% de los fondos europeos asignados, una cifra que considera “incompatible con una gestión eficaz”. De los 204 millones de euros disponibles, solo se habrían abonado 18 millones, lo que para la portavoz popular evidencia “desidia y falta de compromiso con la educación pública”. En el caso de Aragón, añade, el Ministerio habría dejado sin transferir 301.500 euros destinados a los centros de FP de referencia nacional.
La diputada popular también critica que Alegría abandonara proyectos clave como la reducción de ratios y de horas lectivas, iniciativas que —subraya— requieren financiación y coordinación con las comunidades autónomas. Allué sostiene que la relación de la exministra con los territorios se limitó “a correos electrónicos”, lo que, a su juicio, refleja una desconexión con la realidad educativa y con los problemas estructurales, como la falta de profesorado, que afecta a todo el país.
Los sindicatos, recuerda Allué, ya habían señalado la ausencia de diálogo en el Ministerio. Organizaciones como CSIF, UGT y CCOO expresaron su deseo de que la nueva titular del departamento mostrara mayor sensibilidad hacia las condiciones laborales del profesorado. En Aragón, la portavoz popular destaca que ha sido el Gobierno autonómico el que ha impulsado mejoras salariales para que los docentes “dejaran de ser los peor pagados de España”.
Allué también reprocha a Alegría su falta de implicación en la gratuidad del 0 a 3 años, así como haber permitido el recorte del 25% del Plan Corresponsables, obligando según afirma a que la Comunidad Autónoma asumiera el coste para evitar perjuicios a las familias aragonesas.
En el plano político, la portavoz del PP sostiene que Alegría ha actuado más como “defensora del PSOE y del presidente Pedro Sánchez” que como responsable de Educación, y critica su papel en la gestión de casos internos del partido y del Gobierno central. Asegura que su actuación ha perjudicado los intereses de Aragón frente a otras comunidades como Cataluña o el País Vasco.
Con estas declaraciones, el PP aragonés sitúa la gestión educativa de Alegría en el centro del debate político, abriendo un nuevo capítulo en la discusión sobre la ejecución de fondos, la coordinación territorial y las prioridades del sistema educativo español.
