Extranjería en Aragón, al límite ante la regularización
CSIF alerta del riesgo de colapso en las oficinas de Extranjería y exige refuerzos de personal, más medios y claridad normativa ante la regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una advertencia contundente: las oficinas de Extranjería en Aragón se encuentran al borde del colapso y no podrán asumir el impacto del proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Gobierno sin un refuerzo urgente de personal. Según la organización sindical, solo en Zaragoza podrían tramitarse más de 15.000 solicitudes, una cifra que tensionaría aún más un sistema ya saturado.
El documento señala que “las oficinas de Extranjería están ya muy saturadas de trabajo y hay riesgo de que se colapsen con este nuevo proceso”. Actualmente, la Oficina de Extranjería de Zaragoza cuenta con 53 trabajadores, de los cuales cinco están de baja de larga duración sin sustitución. En 2025 gestionaron alrededor de 34.000 expedientes, una carga que aumentó un 25% tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en mayo.
Ante este escenario, CSIF considera imprescindible un refuerzo inmediato. “Una regularización extraordinaria requiere un refuerzo extraordinario de personal. Haría falta una decena de trabajadores para poder desarrollar las tareas. Si no, corremos el riesgo del colapso”, advierte Paco Domínguez, responsable del sector de Administración General del Estado en Aragón. El sindicato también reclama mejoras salariales vinculadas a los complementos de productividad.
A la sobrecarga estructural se suma un problema adicional: la falta de información oficial. CSIF denuncia que “solo ha habido un anuncio político, pero no hay una norma escrita, no se ha publicado nada en el BOE y no han informado a los trabajadores”. Esta ausencia de directrices claras está generando incertidumbre tanto entre el personal como entre los propios inmigrantes, que ya están acudiendo a las oficinas en busca de respuestas.
La demora media actual en la tramitación de expedientes es de seis meses, un retraso que podría agravarse si no se adoptan medidas inmediatas. Además, los trabajadores denuncian problemas informáticos que ralentizan aún más la gestión diaria.
CSIF insiste en que, sin planificación, recursos y claridad normativa, el proceso extraordinario podría convertirse en un cuello de botella que afectaría tanto a los empleados públicos como a miles de ciudadanos en situación administrativa vulnerable.
