España activa un plan de choque ante la crisis energética

El Gobierno ha puesto en marcha un paquete de 5.000 millones de euros destinado a amortiguar los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Medio, una crisis que ha tensionado los mercados internacionales de gas y petróleo y amenaza con agravar la situación de la vivienda en España. El plan, articulado en dos reales decretos-leyes publicados en el BOE, combina rebajas fiscales, apoyos al transporte, un refuerzo del escudo social y una ampliación extraordinaria de los contratos de alquiler.

La medida central es la reducción del IVA de la electricidad, los carburantes y el gas al 10 %, junto con la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5 % y el ajuste del Impuesto sobre Hidrocarburos al mínimo permitido por la normativa europea. Estas medidas estarán vigentes hasta junio de 2026, condicionadas a la evolución del IPC energético.

El Ejecutivo justifica este movimiento por el bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del gas y petróleo mundial, y que ha disparado el precio del Brent por encima de los 119 dólares. La volatilidad del mercado energético, señala el Gobierno, exige una “acción normativa inmediata”.

En materia de vivienda, el Real Decreto-ley 8/2026 establece una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan antes del 31 de diciembre de 2027. Además, mantiene el límite del 2 % en la actualización anual de la renta, tanto para grandes tenedores como para propietarios particulares.

El plan también refuerza el escudo social, ampliando hasta finales de 2026 los descuentos del bono social eléctrico (42,5 % para consumidores vulnerables y 57,5 % para vulnerables severos) y aumentando la ayuda mínima del Bono Social Térmico. Asimismo, garantiza el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y fija un tope al precio del GLP envasado hasta junio de 2026.

El sector del transporte es otro de los grandes beneficiados. Los titulares de vehículos con derecho a devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos recibirán una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo, mientras que los profesionales sin acceso a esa devolución podrán optar a ayudas directas de entre 200 y 1.800 euros por vehículo. El Gobierno habilita además reavales del ICO por hasta 2.000 millones de euros para pymes y autónomos del transporte.

En el ámbito agrario, se contempla una ayuda de 0,20 euros por litro de gasóleo para productores, así como un paquete extraordinario de 500 millones de euros para compensar el aumento del coste de los fertilizantes. El sector pesquero recibirá una compensación similar por combustible y una exención temporal de la tasa de pesca fresca.

El plan incorpora también un impulso a la electrificación, con la creación del programa Auto+, dotado con 400 millones de euros para la compra de vehículos eléctricos, y una reducción del 80 % de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. Además, se introducen deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética, autoconsumo renovable y adquisición de vehículos eléctricos, junto con la creación de Zonas de Aceleración Renovable para agilizar proyectos estratégicos.

El Gobierno subraya que la situación internacional, que ya ha provocado más de 1.300 fallecidos y la repatriación de miles de ciudadanos españoles, no ofrece perspectivas de resolución a corto plazo. Por ello, considera imprescindible un marco de medidas “extraordinarias y temporales” para proteger a hogares y sectores productivos ante un escenario de incertidumbre prolongada.