Dependencia y mayores en Aragón: el PP exige al Gobierno central 450 millones pendientes y reivindica avances en plazas y financiación
El debate sobre la financiación de la dependencia vuelve a ocupar el centro de la agenda política aragonesa. El portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, ha recordado que el Gobierno de España mantiene una deuda de 450 millones de euros con la comunidad por no asumir el 50% del coste de la dependencia, tal y como establece la ley desde 2018.
Ledesma ha dirigido sus críticas a la secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, a quien reprocha que solo tras abandonar el Consejo de Ministros haya comenzado a poner el foco en las necesidades de los aragoneses. Según el portavoz popular, durante sus años como ministra no se produjo ningún avance en la financiación estatal de la dependencia, mientras que sí se mantuvieron acuerdos privilegiados con otras comunidades como Cataluña o el País Vasco.
El dirigente popular ha subrayado que el actual Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, ha incrementado en dos años 300 plazas de residencia para mayores, además de elevar en un 24% el precio por plaza concertada, pasando de 65 a 75 euros diarios. Una medida que, según Ledesma, contrasta con la gestión socialista, que “ahogó a las entidades sociales” al negarse a revalorizar los precios en plena crisis inflacionista y tras la pandemia.
El portavoz ha insistido en que la falta de implicación del Ejecutivo central ha supuesto un perjuicio directo para los dependientes y para los servicios sociales aragoneses. En su opinión, la nueva actitud de Alegría responde más a una estrategia de precampaña que a un compromiso real con los mayores. “Sus hechos la delatan”, ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que la financiación justa para Aragón sigue siendo una asignatura pendiente.
Con este posicionamiento, el PP busca reforzar su discurso en torno a la defensa de los servicios sociales y la exigencia de igualdad en la financiación estatal, situando la dependencia como un eje central de la política autonómica y como un elemento de presión hacia el Gobierno de España.
