Caspe espera al juez ante el bloqueo del desalojo
Los vecinos del edificio en riesgo de colapso en Caspe rechazan el desalojo pese a la activación del PLATEAR y el caso queda en manos judiciales.
El intento de desalojo preventivo de un edificio en riesgo de colapso en Caspe ha quedado en suspenso a la espera de una resolución judicial, después de que los residentes se negaran a abandonar sus viviendas pese a la activación del Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR). La situación, que afecta a un bloque con alrededor de 60 vecinos, ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de emergencias para garantizar la seguridad en la zona.
El inmueble, situado en el número 8 del Paseo Nuevo, fue señalado por los servicios técnicos como un edificio con riesgo estructural. Ante esta valoración, el Gobierno de Aragón ordenó el desalojo preventivo y preparó un operativo para el realojo temporal de los afectados en el pabellón municipal 3. Sin embargo, los residentes —entre ellos familias con menores y personas de diversas nacionalidades— rehusaron abandonar sus pisos, firmando un documento en el que reconocen estar informados del peligro y asumen la responsabilidad de permanecer en el interior.
El consejero en funciones de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, se desplazó a la localidad para supervisar la actuación y coordinar a los equipos de emergencia. Por su parte, la alcaldesa Ana María Jarque detalló las gestiones realizadas desde primera hora, así como la postura firme de los vecinos, que ha impedido ejecutar el desalojo previsto.
Ante la negativa vecinal, el Gobierno de Aragón trasladó el caso al juzgado competente, que deberá determinar los siguientes pasos. Mientras tanto, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y Cruz Roja mantienen un dispositivo activo para minimizar riesgos y vigilar la evolución del edificio.
La situación deja en evidencia la complejidad de intervenir en escenarios donde confluyen la seguridad estructural, la protección civil y la autonomía de los residentes, a la espera de una decisión judicial que permita avanzar en la gestión de la emergencia.
