Aragón pone en jaque el programa estatal de auxiliares
Aragón advierte que abandonará el programa estatal de auxiliares de conversación si el Ministerio de Educación no garantiza seguridad jurídica, tras las sanciones impuestas por el Ministerio de Trabajo.
La tensión entre administraciones ha alcanzado un punto crítico. El Gobierno de Aragón ha anunciado que podría renunciar al programa estatal de auxiliares de conversación si el Ministerio de Educación no ofrece garantías jurídicas inmediatas que permitan mantener la participación autonómica en un proyecto que, este curso, ha llevado a las aulas aragonesas a 101 auxiliares extranjeros de inglés, francés y alemán .
El conflicto surge por la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, cuya actuación inspectora ha derivado en sanciones económicas a varias comunidades autónomas, incluida Aragón. Trabajo considera que existe una “contratación encubierta” de auxiliares sin la autorización previa de residencia y trabajo, pese a que las comunidades aplican estrictamente las condiciones fijadas por Educación, responsable del diseño del programa, la selección de los participantes y la gestión de sus permisos.
En Aragón, las inspecciones se han centrado únicamente en los cupos autonómicos, no en los estatales, y han concluido con una multa superior a 100.000 euros en la provincia de Teruel. El Ejecutivo aragonés presentó alegaciones acreditando que no existe relación laboral con los auxiliares, sino una relación subvencional destinada a sufragar alojamiento y manutención, amparada en permisos de estancia por estudios u otras figuras equivalentes. Sin embargo, la sanción fue ratificada .
La directora general de Política Educativa, Ana Moracho, denuncia que el Ministerio de Educación mantiene el programa “en las mismas condiciones de siempre”, mientras Trabajo continúa cuestionándolo mediante nuevas inspecciones. Moracho subraya que Aragón es una de las pocas comunidades que cotiza por los auxiliares a la Seguridad Social, como hace con los participantes en programas formativos, y advierte de que la situación actual “no ofrece seguridad jurídica, transparencia ni estabilidad” para alumnado, centros y auxiliares.
El Gobierno autonómico ha interpuesto un recurso de reposición y, si no prospera, acudirá a la vía contencioso-administrativa. Además, estudia una posible reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Educación, al que considera responsable del encuadre administrativo de los auxiliares.
La crisis amenaza con extenderse. Comunidades como Valencia y Galicia ya han anunciado que también valoran abandonar el programa. La renuncia de las autonomías podría comprometer los convenios bilaterales internacionales que permiten a jóvenes españoles realizar estancias culturales en otros países, un efecto colateral de gran calado para la movilidad académica .
Aragón llevará el conflicto a la Conferencia Sectorial de Educación y participará en el grupo de trabajo que se constituirá con todas las comunidades para exigir una solución coordinada. Sin garantías claras y por escrito, el Ejecutivo aragonés afirma que se verá obligado a revisar su continuidad en un programa que ha funcionado durante más de dos décadas sin incidentes.
