Aragón logra su primera victoria judicial por un MENA
La primera resolución judicial favorable al Gobierno de Aragón en materia de traslados de menores extranjeros no acompañados marca un punto de inflexión en el debate jurídico y competencial entre administraciones. El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo de Ceuta ha estimado el recurso presentado por el Ejecutivo autonómico en noviembre de 2025, anulando la orden estatal que reubicaba a un menor en Aragón por carecer de motivación suficiente.
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, subrayó en rueda de prensa que se trata de la primera sentencia que responde a las reclamaciones planteadas por Aragón frente a decisiones de traslado individualizado adoptadas por el Gobierno de España a través de sus Delegaciones.
El fallo judicial considera que la resolución impugnada no justificaba por qué el menor debía ser trasladado específicamente a Aragón y no a otra comunidad autónoma, vulnerando así los principios de motivación y proporcionalidad exigidos en este tipo de procedimientos. Por ello, el Juzgado ordena retrotraer el expediente para que se tramite de nuevo con la debida fundamentación.
La sentencia, que impone las costas a la Administración del Estado, abre un precedente relevante para otros procesos similares promovidos por Aragón en defensa de sus competencias y de un reparto equitativo entre territorios. No obstante, el fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia en un plazo de quince días.
Vaquero recordó que ya existen resoluciones en el mismo sentido favorables a otras comunidades y reiteró que la falta de motivación ha sido el argumento central para cuestionar la actuación estatal, al considerar que los traslados se realizaron con criterios arbitrarios y sin explicar por qué se asignaban a Aragón y no a otros territorios.
Contexto jurídico y político
El conflicto se enmarca en el recurso de inconstitucionalidad presentado por Aragón contra el Real Decreto‑Ley que modificaba la Ley Orgánica de Extranjería, al entender que invadía competencias autonómicas y establecía un nuevo sistema de redistribución de menores en situaciones migratorias extraordinarias.
El Ejecutivo aragonés denunció además un trato discriminatorio respecto a otras comunidades como País Vasco o Cataluña, que apenas recibían menores en este proceso. La sentencia de Ceuta incide precisamente en la ausencia de justificación sobre esta diferencia de trato.
En declaraciones posteriores, Vaquero y el vicepresidente Alejandro Nolasco insistieron en que el Gobierno de Aragón actúa “al lado de la ley”, mientras que acusan al Ejecutivo central de aplicar criterios políticos y no técnicos en la distribución de menores.
Nolasco felicitó a los servicios jurídicos autonómicos por su labor y reiteró su rechazo a políticas que, a su juicio, favorecen la inmigración irregular y generan situaciones de vulnerabilidad. También aludió al caso reciente de un supuesto menor que, tras pruebas forenses, resultó tener alrededor de 20 años.
La resolución judicial supone, en definitiva, un hito en la estrategia procesal del Gobierno de Aragón y anticipa un escenario de mayor litigiosidad en torno al reparto estatal de menores extranjeros no acompañados.
