Aragón exige soluciones urgentes ante la huelga médica
El consejero Ángel Sanz alerta del impacto asistencial y reclama al Ministerio una respuesta inmediata ante la huelga médica nacional, que ya acumula miles de consultas suspendidas, pruebas diagnósticas y cirugías aplazadas.
La tensión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad volvió a evidenciarse este miércoles durante el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en Madrid. El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, criticó con dureza la incapacidad del departamento que dirige Mónica García para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar la huelga médica de ámbito estatal, un conflicto que —según subrayó— está teniendo un impacto directo y creciente en la atención sanitaria de los ciudadanos aragoneses.
Sanz lamentó que las autonomías estén “asumiendo las consecuencias asistenciales de un conflicto cuya solución depende exclusivamente del Ministerio”, recordando que el Estatuto Marco es una norma estatal y que cualquier modificación requiere liderazgo y capacidad de negociación por parte del Gobierno central. La falta de avances, afirmó, está provocando un deterioro progresivo de la actividad asistencial, con aumento de listas de espera, retrasos diagnósticos y demoras quirúrgicas.
Desde el inicio de las huelgas nacionales, el 13 de junio de 2025, Aragón ha registrado 71.501 consultas suspendidas, 13.011 pruebas diagnósticas aplazadas y 4.376 intervenciones quirúrgicas canceladas, cifras que el consejero calificó de “inaceptables” por el perjuicio directo que suponen para los pacientes.
Sanz insistió en que la ministra “tiene a los profesionales en contra” y que la situación requiere una actuación urgente basada en un “diálogo real, efectivo y constructivo”. Subrayó que todas las comunidades acudieron al Consejo Interterritorial con una postura común y que el objetivo no es político, sino la defensa del Sistema Público de Salud.
El consejero reiteró el compromiso del Gobierno de Aragón con la calidad asistencial y defendió que cualquier actualización del Estatuto Marco debe ir acompañada de financiación suficiente, un calendario realista, respeto al margen organizativo autonómico y especial sensibilidad hacia territorios con dispersión geográfica.
Mientras el conflicto continúa sin una solución a la vista, Aragón reclama al Ministerio una respuesta inmediata que permita frenar el deterioro asistencial y recuperar la normalidad en los servicios sanitarios.
