Aragón denuncia el recorte de plazas judiciales y exige su rectificación

El Gobierno de Aragón ha trasladado una queja institucional al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el recorte en la asignación de plazas judiciales que afecta a la comunidad, reducidas finalmente de once a siete . La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha remitido una carta en la que expresa la “profunda preocupación” y el “absoluto desacuerdo” del Ejecutivo autonómico con una decisión que considera “gravemente perjudicial” para Aragón, que pasa a ser “la comunidad más afectada sin ninguna justificación técnica” .

Un recorte sin base técnica y contrario a la planificación inicial

La misiva subraya que la decisión “constituye un nuevo perjuicio para Aragón” y resulta “difícilmente justificable desde criterios objetivos de necesidad, carga de trabajo o equilibrio territorial” . Además, “contradice el propio proceso de planificación desarrollado durante los últimos meses” y supone un “tratamiento claramente desfavorable” para la comunidad .

Vaquero recuerda que, según el Real Decreto aprobado, prácticamente todas las comunidades autónomas mantienen el número de plazas inicialmente previsto, mientras que Aragón soporta la mayor reducción de todas . La vicepresidenta añade que resulta incomprensible que una comunidad con “elevados niveles de eficiencia judicial” y “importantes cargas de trabajo” sea la única que vea reducida de forma tan significativa su dotación .

Divergencias con los informes técnicos del CGPJ

El Gobierno autonómico considera “especialmente preocupante” que el texto definitivo del Real Decreto se aparte de las necesidades técnicas identificadas por el Consejo General del Poder Judicial y por los informes que sustentaron la planificación inicial .

Por ello, solicita una “explicación detallada de los criterios técnicos, objetivos y organizativos” que han motivado la reducción y reclama la rectificación para recuperar las once plazas previstas inicialmente .

Consecuencias para el servicio público de Justicia

El Ejecutivo autonómico advierte de que la decisión “perjudica directamente a los ciudadanos aragoneses”, retrasará la respuesta de la Administración de Justicia y dificultará la implantación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica 1/2025 .

La carta detalla varios efectos del recorte:

• La plaza creada para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Zaragoza “se compensa con la supresión de las dos plazas previstas para la Sección Cuarta”, trasladando el desequilibrio de plantilla en lugar de resolverlo .

• Se desatiende el refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, cuya necesidad había sido calificada como “acuciante” en los informes técnicos .

• Las plazas previstas para la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Zaragoza se reducen de seis a tres, un recorte superior incluso al considerado asumible por los informes técnicos .

Finalmente, Aragón recibirá siete plazas judiciales, lejos de las catorce que corresponderían si se hubieran atendido íntegramente las necesidades detectadas durante la planificación .

Cuatro plazas desviadas al Tribunal Supremo

La vicepresidenta concluye que las cuatro plazas que desaparecen respecto al compromiso inicial se han destinado al Tribunal Supremo, pese a que dicho incremento “no estaba contemplado en el proyecto inicial ni obedecía a una necesidad” reflejada en los informes técnicos. “Resulta incomprensible que sea Aragón quien soporte en exclusiva ese recorte”, afirma Vaquero .