Alegría defiende un modelo de financiación que refuerza los servicios públicos y prioriza la despoblación en Aragón
La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, situó este viernes el debate sobre la financiación autonómica en el centro de la agenda política aragonesa. Desde Huesca, defendió que el nuevo modelo propuesto por el Gobierno central permitirá a la comunidad recibir un 9,61% más de recursos respecto al sistema vigente, una reforma que —subrayó— el Partido Popular mantuvo sin actualizar durante los siete años de mandato de Mariano Rajoy.
Alegría detalló que la nueva fórmula supondrá 629 millones de euros adicionales en 2027, una inyección que, según afirmó, debe destinarse íntegramente a crear nuevos derechos, reforzar los servicios públicos y ampliar el estado del bienestar. La candidata insistió en que el modelo incorpora por primera vez la despoblación como variable estructural, un elemento que considera determinante para territorios como Aragón, donde la dispersión y el envejecimiento condicionan la prestación de servicios esenciales.
Frente a esta visión, Alegría contrapuso la gestión del actual presidente autonómico, Jorge Azcón, a quien acusó de utilizar los recursos extraordinarios recibidos en los últimos años para privatizar servicios y favorecer intereses particulares. Señaló como ejemplos la apertura a un nuevo hospital privado o la apuesta por concertar el bachillerato en lugar de reforzar la escuela rural con más docentes, rutas escolares y personal auxiliar.
La candidata socialista también recordó que Aragón ha recibido más de 30.000 millones de euros durante los años de gobierno de Pedro Sánchez, un 43% más que en la etapa de Rajoy. En este sentido, reprochó a Azcón su “estrategia permanente de confrontación” y le instó a utilizar los mecanismos previstos en el Estatuto de Autonomía, como la comisión bilateral Aragón‑Estado, en lugar de “vivir instalado en la queja”.
Compromisos con el sector de la discapacidad
Durante su visita a Huesca, Alegría mantuvo un encuentro con la coordinadora CADIS, donde recibió las principales demandas del sector. Se comprometió a que, a partir del 8 de febrero, un eventual gobierno socialista impulsará medidas concretas para reconocer el trabajo de las profesionales, especialmente mujeres, que sostienen la atención diaria a las personas con discapacidad.
Entre sus compromisos destacó la mejora de las condiciones laborales y de la formación, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de infraestructuras, que calificó de “obsoletas” y alejadas de las necesidades actuales. A ello añadió la voluntad de avanzar en simplificación administrativa para facilitar la gestión de entidades y familias.
