AEGA denuncia indemnizaciones “insuficientes” por la DNC

La organización Aragón Es Ganadería y Agricultura (AEGA) ha expresado un rechazo frontal a la orden AGA/490/2026, publicada por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, en la que se fijan los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales afectados por dermatosis nodular contagiosa (DNC). La entidad considera que el nuevo marco económico no solo llega tarde, sino que agrava la situación de un sector que vive “una crisis de supervivencia”.

La orden se hizo pública cuatro semanas después de los vaciados sanitarios realizados en Borrastre (Huesca), un retraso que, según AEGA, ha incrementado la incertidumbre entre los ganaderos afectados. La organización denuncia que “el texto resulta confuso y fija indemnizaciones totalmente insuficientes” , además de establecer criterios que, a su juicio, perjudican a las razas autóctonas frente a las foráneas.

Uno de los puntos más controvertidos es la exclusión de la raza parda de montaña, que representa cerca del 70% de las reses sacrificadas en la comarca del Sobrarbe. AEGA subraya que esta omisión es injustificable y evidencia una falta de conocimiento sobre la estructura productiva del territorio: “la exclusión de la raza parda de montaña […] pese a que representa aproximadamente el 70% de las vacas sacrificadas” .

En materia de lucro cesante, la orden contempla compensaciones únicamente por los terneros que habrían nacido durante un año, una previsión que la organización considera claramente insuficiente. Recuerdan que una vaca de carne puede producir entre diez y doce partos a lo largo de su vida útil, por lo que limitar la compensación a un solo ejercicio supone, en su opinión, ignorar la realidad productiva del sector.

AEGA también critica que el texto sea “prácticamente idéntico” a una resolución publicada por la Generalitat de Catalunya en diciembre de 2025, llegando a calificarlo como “una mala traducción”. Para la organización, esta similitud revela una preocupante falta de adaptación a las particularidades de la ganadería aragonesa y una “dejadez de funciones” por parte de la Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria.

Ante este escenario, AEGA exige una rectificación inmediata de la orden y reclama que el consejero de Agricultura, Javier Rincón, asuma un papel activo en la gestión de la crisis sanitaria. Asimismo, solicita el cese de la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, por su responsabilidad en la elaboración de un documento que consideran perjudicial para el campo aragonés.

La organización concluye reafirmando su compromiso con los ganaderos afectados y con la defensa de un sector que, insisten, atraviesa un momento crítico.