Madre condenada por agredir a una profesora en Zaragoza

Una reciente sentencia en Zaragoza ha vuelto a poner el foco sobre el aumento de agresiones a docentes y la necesidad de reforzar su protección. El fallo judicial condena a una madre por un delito leve de maltrato de obra tras agredir a una profesora que se interpuso para evitar que la mujer golpeara a un menor a la salida de un colegio de la ciudad. Según la resolución, la agresora empujó y golpeó a la docente en un brazo y la amenazó, hechos que el juez considera probados.

La pena impuesta consiste en un mes de multa, con una cuota diaria de tres euros, y la prohibición de acercarse al centro escolar durante seis meses. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ejerció la acusación particular y había solicitado que también se considerara un delito de amenazas.

“Valoramos positivamente que el juez reconozca la agresión y condene a la agresora. No es el único caso que hemos llevado a los tribunales”, señala Gema Tomás, responsable de Educación de CSIF Aragón, en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Un problema creciente: el 90% del profesorado declara haber sufrido agresiones o amenazas

CSIF alerta de que este caso no es aislado. En su campaña “Stop agresiones”, activa desde hace tres años, el sindicato denuncia un incremento sostenido de incidentes violentos contra el profesorado. Una encuesta reciente realizada entre casi 1.500 docentes aragoneses revela datos preocupantes:

• El 90% afirma haber sufrido agresiones o amenazas por parte de familias o alumnado.

• Otro 90% asegura no disponer de herramientas suficientes para gestionar situaciones conflictivas.

• Prácticamente el 100% considera imprescindible reforzar la autoridad docente y las medidas de protección.

Ante este escenario, CSIF reclama a la Administración un protocolo claro y ágil contra las agresiones, protección jurídica para los docentes implicados y campañas de dignificación de la profesión.

Una sentencia que marca un precedente simbólico

Aunque la condena es leve, CSIF considera que el reconocimiento judicial de la agresión supone un paso importante para visibilizar el problema y animar al profesorado a denunciar. El sindicato insiste en que la violencia contra docentes no puede normalizarse y que la Administración debe actuar con mayor contundencia.

La organización recuerda que seguirá acompañando a los profesionales que sufran situaciones similares y mantendrá su labor de sensibilización para frenar una tendencia que, según sus datos, se ha intensificado en los últimos años.