Zaragoza exige rigor ante la regularización masiva

El Ayuntamiento de Zaragoza ha elevado una nueva advertencia al Gobierno de España ante la inminente aplicación del Real Decreto 1155/2024, que activará una regularización masiva de personas migrantes. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha denunciado que la medida está generando un “caos de gestión” en la administración local y ha reclamado una respuesta inmediata en términos de planificación, financiación y coordinación institucional.

Según Orós, el Consistorio ha conocido los detalles del decreto a través de los medios y del BOE, sin comunicación previa por parte del Gobierno central ni de la Delegación del Gobierno. Esta ausencia de interlocución, afirma, ha provocado una sobrecarga inmediata en los servicios municipales: el 010, los centros de servicios sociales, las juntas de distrito y el Registro Municipal han experimentado un incremento notable de solicitudes y consultas.

La consejera subraya que el decreto carece de memoria económica, tal como advirtió el Consejo de Estado, y no establece mecanismos de financiación para los ayuntamientos, pese a que la medida podría afectar a entre 15.000 y 20.000 personas en Aragón. A ello se suma la falta de criterios objetivos para determinar situaciones de vulnerabilidad y la indefinición sobre qué administraciones serán competentes en la tramitación de los expedientes.

Orós también ha señalado las advertencias de los sindicatos policiales, que alertan de que la exclusión de la Policía Nacional en parte del procedimiento podría reducir garantías y aumentar el riesgo de errores o fraudes en la verificación de identidad.

En cuanto al papel del tercer sector, cinco entidades se han inscrito para elaborar informes de vulnerabilidad, aunque su intervención se limitará a las personas que ya atienden. Para el Ayuntamiento, esta derivación supone trasladar una carga administrativa que los municipios no pueden asumir sin recursos adicionales.

Uno de los puntos más críticos se encuentra en el Albergue Municipal, donde el 80 % de los usuarios son personas migrantes y el 65 % de origen africano. Actualmente, 59 personas con derecho a protección internacional están siendo atendidas por el Ayuntamiento, pese a que deberían estar en recursos estatales. Mientras tanto, el sistema estatal de acogida mantiene 323 plazas vacantes en Zaragoza, un 17 % del total.

El Ayuntamiento recuerda que ha invertido 5 millones de euros en la ampliación y reforma del Albergue, ha reforzado personal y ha incrementado convenios con entidades sociales, pero advierte de que la presión continúa creciendo. Por ello, exige la derivación inmediata de estas personas a los recursos estatales y la puesta en marcha de mecanismos de coordinación que eviten que esta situación se repita.

Orós concluye que la regularización, tal como está planteada, es una medida “improvisada, opaca y sin planificación”, y reclama una política migratoria responsable, coordinada y sostenible, vinculada al empleo y a la inclusión, que tenga en cuenta el impacto real en las ciudades.