Nueva Ordenanza Cívica para una Zaragoza más segura y respetuosa
La ciudad impulsa una normativa integral para reforzar la convivencia, el civismo y la limpieza urbana, con un régimen sancionador que abarca desde infracciones leves hasta conductas muy graves.
La nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, un texto que el Gobierno municipal define como “la ordenanza de las ordenanzas” por su carácter transversal y su vocación de convertirse en el marco regulador de referencia para garantizar una ciudad más cívica, más limpia y más segura.
El Ayuntamiento sostiene que la iniciativa responde a una demanda ampliamente respaldada por la ciudadanía, apoyándose en el último barómetro municipal, donde el 91,5 por ciento de los zaragozanos manifestaba la necesidad de actualizar y reforzar las normas de convivencia. Según Chueca, el documento “nace de escuchar a los vecinos” y ha incorporado aportaciones de la consulta pública previa.
La ordenanza establece un régimen sancionador estructurado en tres niveles, con multas que oscilan entre 50 y 3.000 euros, además de la obligación de reparar los daños causados al patrimonio público. Las infracciones muy graves, con sanciones de hasta 3.000 euros, incluyen actos vandálicos contra infraestructuras municipales, grafitis con materiales agresivos, vertidos incontrolados, organización de eventos no autorizados, venta ambulante ilegal o la pernocta y uso excluyente de parques y jardines.
Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, abarcan el botellón, la prestación de servicios sexuales retribuidos en la vía pública, comportamientos incívicos asociados a despedidas de soltero y actos de humillación o insultos en el espacio público. En el nivel de infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, se incluyen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger excrementos de mascotas, arrojar colillas o residuos, manipular contenedores o abandonar bicicletas y patinetes en la vía pública.
Uno de los puntos más destacados del texto es la disposición que regula el acceso a edificios municipales. La norma establece que no podrán acceder a dependencias públicas aquellas personas que oculten su rostro mediante burka, niqab, pasamontañas o casco, salvo que se identifiquen previamente ante la Policía Local. El Ayuntamiento defiende que la medida se aplicará bajo criterios de legalidad, proporcionalidad y no discriminación.
La alcaldesa ha subrayado que la ordenanza busca “proteger la convivencia y garantizar el respeto a la mayoría de ciudadanos que cumplen las normas y cuidan su ciudad”. El documento inicia ahora su tramitación administrativa con el objetivo de entrar en vigor lo antes posible.