La Justicia avala la regularización de inmigrantes en Zaragoza
El Justicia de Aragón archiva la queja del PSOE y confirma que el Ayuntamiento actuó con normalidad en el proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España.
La Justicia de Aragón ha avalado la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, un procedimiento estatal que exigía la emisión de informes de vulnerabilidad y la tramitación de empadronamientos para miles de personas migrantes. La institución ha decidido archivar la queja presentada por el Grupo Municipal Socialista, al concluir que el procedimiento “se ha desarrollado dentro de una situación de normalidad” y que no se han recibido nuevas reclamaciones desde entonces.
En su resolución, el Justicia recuerda que la queja se presentó en los primeros días del proceso, cuando se produjeron aglomeraciones de personas en busca de atención, una situación que también se dio en otras administraciones y territorios de España . Tras analizar la evolución del dispositivo, la institución constata que el Ayuntamiento logró normalizar la atención y responder a la demanda extraordinaria generada por la medida estatal.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, ha subrayado que la resolución confirma lo que el Gobierno municipal había advertido desde el inicio: que un proceso de esta magnitud “no podía ponerse en marcha sin coordinación con los ayuntamientos ni información suficiente” por parte del Gobierno de España . Orós ha recordado que los primeros días estuvieron marcados por “caos, incertidumbre y falta de instrucciones claras”.
Ante la ausencia de directrices, el Ayuntamiento tuvo que organizar “en tiempo récord” un dispositivo específico para atender a todas las personas que necesitaban tramitar su documentación, sin apoyo ni recursos adicionales del Ejecutivo central . “Lejos de bloquear el procedimiento, realizamos un enorme esfuerzo para garantizar la atención a todas las personas”, ha defendido Orós, reivindicando la actuación municipal como responsable y profesional.
El Gobierno de Zaragoza insiste ahora en reclamar al Ejecutivo central que asuma los costes derivados de este proceso extraordinario y que evalúe el impacto que tendrá la incorporación de “cientos de miles de personas al sistema administrativo y social” en los próximos meses . Orós ha reiterado la necesidad de una mayor implicación estatal en la planificación y financiación de las políticas de atención social vinculadas a la regularización.
“Es imprescindible conocer cuál será el impacto real sobre los servicios públicos para garantizar una atención adecuada y sostenible”, ha concluido la consejera, subrayando que el Ayuntamiento seguirá reclamando coordinación y recursos para afrontar este reto administrativo y social.