Teruel exige recursos ante la regularización de inmigrantes

El Ayuntamiento de Teruel solicitará al Gobierno de España una revisión del proceso de regularización de inmigrantes aprobado mediante el Real Decreto 316/2026, así como financiación suficiente y recursos adecuados para afrontar las nuevas cargas administrativas y sociales derivadas de su aplicación. El documento señala: “El Ayuntamiento de Teruel va a solicitar al Gobierno de España la revisión del proceso de regularización de inmigrantes (…) y le va a exigir financiación suficiente y recursos adecuados”.

La propuesta, presentada por el grupo municipal Popular, ha sido aprobada en el pleno ordinario de mayo con el rechazo de Teruel Existe, PSOE y Vox. Según recoge la iniciativa, una medida de esta magnitud debe desarrollarse con planificación, transparencia y una financiación acorde al impacto real sobre los municipios, especialmente en ámbitos como la tramitación administrativa, los servicios sociales y los procesos de inclusión.

La alcaldesa Emma Buj ha calificado en dos ocasiones de “chapuza” el proceso impulsado por el Ejecutivo central, lamentando que los ayuntamientos deban asumir sus costes. La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha defendido la propuesta subrayando que el decreto “plantea un proceso de regularización masiva sin planificación suficiente, sin coordinación con las entidades locales y sin dotación económica”.

Romero ha advertido de un incremento significativo de la demanda en servicios sociales desde la entrada en vigor de la norma, lo que está generando presión sobre estructuras “ya al límite de su capacidad”. Ha recordado que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y los primeros en asumir las consecuencias directas en ámbitos como vivienda, escolarización, acompañamiento e inclusión.

El equipo de gobierno alerta de que asumir nuevas cargas sin financiación adicional pone en riesgo la calidad del servicio y dificulta la atención a situaciones de emergencia social ya existentes. También denuncia la incertidumbre administrativa y jurídica del proceso, especialmente en la emisión de informes de vulnerabilidad, que podrían recaer en los ayuntamientos sin un marco claro ni recursos suficientes.

El consistorio defiende una política migratoria “ordenada, legal y coordinada entre administraciones”, basada en la integración real y el respeto a las normas. A día de hoy, 141 personas han acudido a los Servicios Sociales municipales solicitando informes de vulnerabilidad, mientras el Ayuntamiento critica la falta de instrucciones claras del Gobierno central.

Otras propuestas debatidas en el pleno

El pleno también abordó otras iniciativas:

• Vox quedó solo en su propuesta sobre Prioridad Nacional, tras rechazar una enmienda del PP que vinculaba ayudas y servicios a criterios de arraigo legal, empadronamiento y contribución económica.

• Ninguna de las dos propuestas del PSOE salió adelante:

  • La primera, sobre renaturalización de patios escolares, fue rechazada por el PP, que argumentó falta de competencias, espacio y presupuesto.

  • La segunda, sobre un protocolo municipal de limpieza intensiva, fue apoyada por Teruel Existe y Vox, pero rechazada por el PP, que consideró innecesario crear protocolos para hechos puntuales.

• La propuesta de Teruel Existe para priorizar la educación pública tampoco prosperó. El PP defendió la complementariedad entre pública y concertada y rechazó eliminar la concertación en Bachillerato.