El Supremo estudia elevar al TJUE la regularización extraordinaria de inmigrantes
El Tribunal Supremo abre el trámite para valorar una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad del Real Decreto con el Derecho de la Unión Europea.
El Tribunal Supremo ha abierto un trámite decisivo para determinar el futuro del Real Decreto que regula el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha concedido a las partes un plazo de cinco días para presentar alegaciones sobre la posible contradicción de la norma con el Derecho de la Unión Europea .
Esta decisión responde al planteamiento formulado por el Gobierno de Aragón, que solicitó la suspensión del Real Decreto al considerar que podría ser incompatible con la legislación europea . El Ejecutivo autonómico argumenta que la norma podría generar inseguridad jurídica y situar a España ante el riesgo de un procedimiento sancionador o un recurso judicial por parte de las instituciones comunitarias o de otros Estados miembros.
Un paso previo a una posible cuestión prejudicial
El trámite abierto por el Supremo constituye un paso previo a la eventual presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Si finalmente se elevara esta consulta, la vigencia del Real Decreto quedaría suspendida hasta que el tribunal europeo resolviera sobre su adecuación al Derecho comunitario .
La providencia se enmarca en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado 22 de abril, en el que se solicitó expresamente la suspensión cautelar de la norma por su posible incompatibilidad con la normativa europea .
Vista oral y participación de todas las partes
Durante el procedimiento se celebró una vista oral ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, reunida en Pleno, en la que los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón defendieron la conveniencia de activar el mecanismo prejudicial y suspender cautelarmente el Real Decreto .
La providencia actual concede audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado, para que se pronuncien sobre la eventual vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte de la norma impugnada . Este trámite no implica una decisión definitiva, pero sí abre la puerta a que el Supremo pueda elevar la cuestión al TJUE si considera que existen dudas fundadas sobre la compatibilidad del Real Decreto con el marco jurídico europeo.
Un proceso con impacto jurídico y político
La posible suspensión del Real Decreto y su revisión por parte del TJUE tendría implicaciones relevantes tanto en el ámbito jurídico como en el político, al afectar a un proceso de regularización extraordinaria que ha generado un intenso debate institucional. El Gobierno de Aragón sostiene que la seguridad jurídica del procedimiento debe estar plenamente garantizada y que cualquier duda sobre su adecuación al Derecho europeo debe ser despejada antes de su aplicación.
El Supremo, con este trámite, abre un escenario en el que la interpretación del Derecho de la Unión Europea será determinante para definir el alcance y la validez de la norma.