La sobrerregulación frena a la Pyme aragonesa
CEOE Aragón advierte del impacto de la sobrerregulación, el aumento de la carga normativa y la necesidad de un marco más ágil y predecible para impulsar la competitividad empresarial.
La creciente sobrerregulación que afrontan las empresas españolas, y especialmente las pymes, se ha convertido en un factor crítico que condiciona su competitividad, su capacidad de inversión y su margen de crecimiento. Así lo ha puesto de manifiesto CEOE Aragón durante la jornada “Cuando la norma ahoga: el impacto de la sobrerregulación en la Pyme”, celebrada en el marco de la Semana de la Pyme y centrada en analizar la evolución del entorno regulatorio y sus efectos sobre el tejido productivo.
Los datos expuestos reflejan un escenario de alta intensidad normativa. Solo en 2024 se aprobaron 719 normas estatales, un 5% más que el año anterior, lo que equivale a dos nuevas disposiciones cada día. Si se suma la normativa autonómica, el total asciende a 175 normas adicionales, consolidando un marco regulatorio que exige a las empresas dedicar recursos crecientes a su seguimiento y cumplimiento.
El volumen documental también se ha disparado. El Boletín Oficial del Estado alcanzó en 2024 las 259.445 páginas, lo que implicaría leer unas 720 páginas diarias para mantenerse actualizado. A ello se añaden más de un millón de páginas publicadas en los boletines autonómicos, una carga difícilmente asumible para la mayoría de pymes.
La presión regulatoria también se intensifica en el ámbito europeo. En 2024 se adoptaron 2.790 actos jurídicos, un 28% más que en 2023, y cerca del 46% de las leyes españolas tienen su origen en normativa comunitaria. Este contexto, según los ponentes, exige reforzar la coordinación normativa y avanzar hacia una simplificación real.
Durante la jornada, expertos y representantes sectoriales coincidieron en que la sobrerregulación no solo genera costes directos, sino que introduce incertidumbre jurídica, dificulta la planificación y reduce la capacidad de innovación. “Las empresas se ven obligadas a dedicar una parte significativa de sus recursos a tareas administrativas, en detrimento de actividades productivas”, se subrayó en la mesa redonda. Se recordó además que en los últimos cinco años se han acumulado 15 normas laborales sustanciales, un ritmo que complica la adaptación empresarial.
Más del 60% de las empresas españolas identifica la regulación como una barrera para la inversión, lo que evidencia la urgencia de avanzar hacia un marco más racional y estable. Iniciativas como el principio “one in, one out” o los programas de reducción de cargas administrativas impulsados desde la UE fueron señalados como herramientas necesarias, aunque aún insuficientes.
Desde CEOE Aragón, Inmaculada Avellaneda defendió que una regulación de calidad debe ser clara, proporcional y predecible, evitando la proliferación normativa innecesaria. “No se trata de legislar menos, sino de legislar mejor”, afirmó, reclamando situar la competitividad empresarial en el centro de la acción regulatoria.
El Gobierno de Aragón, a través de la directora general de Pymes y Autónomos, Ana Sanz, destacó actuaciones como el Plan Aragón Agiliza y la Red Aragón es Pyme, orientadas a simplificar trámites y mejorar la eficiencia administrativa. Un esfuerzo que, según se expuso, debe consolidarse para aliviar la carga que soportan las empresas y favorecer un entorno más propicio para el crecimiento y la creación de empleo.
