El PP reclama financiación estatal para la educación especial

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón ha reclamado al Gobierno de España una financiación suficiente, estable y adecuada para garantizar una inclusión educativa real y proteger la educación especial. La portavoz de Educación del PP, Elena Allué, ha presentado una Proposición No de Ley con la que el partido busca defender a las familias aragonesas y el derecho a elegir la modalidad educativa más adecuada para cada alumno.

Allué ha denunciado la falta de compromiso financiero del Ejecutivo central y ha señalado que los planteamientos de la LOMLOE, especialmente su Disposición Adicional Cuarta, generan incertidumbre al plantear un horizonte de vaciado de los centros de educación especial en un plazo de diez años. “Sin recursos no hay inclusión, solo discursos que generan inseguridad en las familias”, ha afirmado la diputada, advirtiendo de que “desde el Partido Popular no vamos a permitir que se desmantele la educación especial”.

La portavoz ha insistido en que “no se puede hablar de inclusión mientras se recortan recursos y se cuestiona un modelo educativo esencial para muchos alumnos”. En su opinión, eliminar opciones educativas “no es incluir, es limitar derechos”. Ha defendido que la verdadera inclusión debe atender a la diversidad real del alumnado, ofrecer los recursos necesarios y respetar las decisiones de las familias. La educación especial, ha subrayado, es “una herramienta imprescindible para muchos niños con necesidades complejas y no puede ni debe ser arrinconada”.

Frente a esta situación, Allué ha puesto en valor el trabajo desarrollado en Aragón, donde el actual Gobierno autonómico ha duplicado el presupuesto de inclusión educativa, pasando de 6 a 12 millones de euros. También ha destacado que se han alcanzado cifras récord de personal, con 736 auxiliares y 116 profesionales sanitarios, además de la creación de plazas estables, el incremento de casi un 20 % en profesionales especializados y la apertura de nuevas aulas de educación especial.

“Sin recursos no hay inclusión, solo buenas palabras”, ha reiterado. La iniciativa presentada por el PP plantea medidas concretas: garantizar que la inclusión se adapte a cada alumno, blindar el papel de los centros de educación especial, proteger el derecho de elección de las familias, ajustar ratios y asegurar una financiación suficiente y estable.

Allué ha concluido que “no hablamos de ideología, hablamos de niños, de familias y de derechos”. Para el Partido Popular, la educación especial “no se cierra, se refuerza; la inclusión no se impone, se construye; y los derechos de las familias no se negocian, se garantizan”, recordando que una sociedad justa es aquella que no deja a nadie atrás, pero tampoco obliga a todos a seguir el mismo camino.