El PP denuncia el recorte de plazas judiciales asignadas a Aragón
Elena Allué exige a Félix Bolaños una rectificación inmediata y reclama las 11 plazas previstas según los informes técnicos del CGPJ.
La portavoz adjunta del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Elena Allué, ha exigido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, una rectificación inmediata tras la decisión del Gobierno central de asignar únicamente siete nuevas plazas judiciales a Aragón. Según la diputada, esta cifra supone un recorte respecto a las 11 plazas previstas y constituye un trato discriminatorio hacia la comunidad autónoma.
El documento señala que “todos los informes técnicos avalaban la necesidad de más plazas”, una referencia al trabajo realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y los profesionales del ámbito judicial. Allué subraya que la decisión del Gobierno contradice meses de análisis técnico y no responde a las necesidades reales de los juzgados aragoneses.
La portavoz popular ha advertido de que el PP llevará este asunto al Pleno de las Cortes si el ministro no rectifica. En el texto se recoge su afirmación: “pediremos la reprobación de Félix Bolaños por perjudicar deliberadamente a Aragón y por romper el principio de igualdad que debe presidir el reparto de los recursos públicos”. Allué acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de utilizar a Aragón como territorio donde “siempre se puede recortar sin consecuencias”.
El PP sostiene que Aragón es la comunidad más perjudicada por la decisión y critica la falta de explicaciones por parte del Gobierno central. Allué recuerda que las cargas de trabajo en los juzgados aragoneses “siguen igual de duras” y que ningún órgano judicial ha solicitado una reducción de plazas. Por el contrario, la asignación de solo siete se aleja de las necesidades técnicas identificadas por el CGPJ.
La diputada también reprocha el “silencio cómplice” del PSOE de Aragón y de su secretaria general, Pilar Alegría, a quienes acusa de no defender los intereses de la comunidad ante un nuevo perjuicio procedente del Gobierno central.
El PP asegura que ni el Gobierno de Aragón ni su grupo parlamentario permitirán este agravio. Allué concluye que los aragoneses necesitan una justicia ágil y dotada de medios suficientes, y acusa al PSOE de preferir una justicia lenta que no avance en causas pendientes por corrupción.