El PP alerta de un impacto social “grave” en Aragón por la pérdida de 233 millones vinculada al modelo de financiación
El debate sobre la financiación autonómica volvió a situarse en el centro de la agenda política aragonesa tras las declaraciones del portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, quien acusó al Gobierno de España de promover un modelo que, a su juicio, supondría un recorte estructural para la comunidad. Según el dirigente popular, la propuesta defendida por el Ejecutivo central y por la ministra Pilar Alegría implicaría que Aragón dejara de percibir 233 millones de euros anuales, una cifra que, sostiene, tendría un efecto directo sobre la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.
Ledesma enmarcó esta advertencia en un contexto que considera especialmente sensible para Aragón, recordando que la comunidad ya ha dejado de recibir 87 millones de euros este mismo año debido a los criterios aplicados en relación con la despoblación. El portavoz popular calificó esta situación como un “doble castigo” y reprochó al PSOE su negativa a compensar esa pérdida, pese a que afecta a territorios que sufren desequilibrios demográficos severos.
El parlamentario insistió en que la posición de Pilar Alegría ha contribuido a romper el consenso histórico entre las fuerzas políticas aragonesas en defensa de un modelo de financiación que garantizara equidad territorial. Según Ledesma, la prioridad de la ministra ha sido “defender a Pedro Sánchez” por encima de los intereses de Aragón, lo que, en su opinión, se traduce en un debilitamiento de derechos fundamentales vinculados a la sanidad, la educación, los servicios sociales, la igualdad y la vivienda.
El portavoz del PP también cuestionó la visita de Alegría a la entidad social Adislaf, recordando que en 2022 la organización protagonizó un encierro para denunciar que el Gobierno socialista les adeudaba un millón de euros. Ledesma subrayó que fue el actual Ejecutivo autonómico, liderado por el Partido Popular, el que regularizó los pagos y actualizó el precio de las plazas concertadas, reivindicando que esta actuación forma parte de una política de financiación autonómica orientada a reforzar la red de atención social.
El debate sobre la financiación continúa así escalando en intensidad en un momento en el que Aragón reclama un modelo que tenga en cuenta sus singularidades territoriales, demográficas y de prestación de servicios. La discusión, lejos de cerrarse, se perfila como uno de los ejes centrales del inicio político de 2026.