Nuevo varapalo judicial reabre el debate sobre la regularización migrante
CHA exige explicaciones políticas tras el fallo del Supremo y cuestiona la estrategia del Gobierno PP‑Vox en materia de migración y prioridad nacional.
La regularización de personas migrantes vuelve al centro del debate político en Aragón tras el nuevo revés judicial del Tribunal Supremo al Ejecutivo de Jorge Azcón. La decisión del alto tribunal, que rechaza elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y descarta paralizar cautelarmente el proceso, obliga al Gobierno autonómico a ofrecer explicaciones políticas sobre su estrategia en materia migratoria. Tal como recoge el documento, “el Gobierno de Aragón no puede limitarse a decir que acata las resoluciones. Tiene que dar explicaciones políticas”.
La portavoz de CHA en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Mary Carmen Bozal, ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Mar Vaquero para aclarar por qué el Ejecutivo PP‑Vox ha dedicado “tiempo, energía política y recursos públicos a intentar impedir que más de 33.000 personas que ya viven en Aragón puedan acceder a derechos, estabilidad administrativa y protección frente a los abusos”. La formación aragonesista interpreta este comportamiento como parte de una estrategia política más amplia vinculada a la llamada prioridad nacional, impulsada por el vicepresidente Alejandro Nolasco.
Bozal acusa a Nolasco de “hacer propaganda racista desde una institución pública” y de sostener un discurso que “convierte la pobreza en sospecha y la migración en amenaza”. En el documento se recoge de forma explícita: “Es mentira que las personas migrantes estén hundiendo Aragón. Es mentira que vengan a vivir de ayudas. Es mentira que sean responsables de los problemas sociales de esta tierra”.
Un discurso político frente a los datos económicos
La crítica de CHA se apoya en datos oficiales del Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2025, aprobado el 8 de julio de 2026 por el Consejo Económico y Social de Aragón. El informe confirma que la economía aragonesa creció un 3% en 2025, superando la media estatal y la de la zona euro. Además, el mercado laboral alcanzó un máximo histórico con más de 626.000 afiliaciones y 12.000 más que el año anterior.
El documento subraya que este crecimiento se produce en un contexto de fuerte aumento de población extranjera y que las personas trabajadoras migrantes representan más del 14% del empleo y el 44% de los nuevos empleos creados. Bozal sostiene que estos datos “desmontan completamente el bulo” y evidencian que la población migrante “trabaja, cotiza, cuida, produce y sostiene sectores enteros”.
Pobreza y exclusión: Aragón por debajo de la media estatal
CHA también rechaza la idea de un supuesto colapso social derivado de la inmigración. El documento recuerda que Aragón se sitúa entre las comunidades con menor riesgo de pobreza o exclusión social, con una tasa AROPE del 19,1%, frente al 25,7% estatal. “Hay pobreza, precariedad, dificultades para llegar a fin de mes, vivienda inaccesible, brecha de género y pobreza energética. Pero ninguno de esos problemas lo ha causado la población migrante”, afirma Bozal.
Responsabilidad política y exigencia de explicaciones
La diputada responsabiliza directamente al presidente Jorge Azcón de mantener este discurso dentro del Gobierno de Aragón: “Nolasco no está ahí por casualidad. Está porque Azcón lo mantiene”. Para CHA, el presidente no puede presentarse como moderado mientras sostiene en su Ejecutivo un discurso que “habla de ‘paguitas’, señala a personas migrantes y convierte la pobreza en sospecha”.
Por ello, la formación ha registrado una iniciativa parlamentaria para exigir la comparecencia de Mar Vaquero y aclarar “por qué el Gobierno de Aragón ha intentado frenar la regularización de más de 33.000 personas, por qué ha dedicado recursos públicos a impedir que quienes ya viven en la comunidad puedan acceder a derechos y si el Ejecutivo seguirá la agenda de Vox o rectificará”.
Bozal concluye que “Aragón no se defiende señalando a las personas migrantes, fabricando enemigos ni convirtiendo la pobreza en sospecha. Aragón se defiende con derechos, empleo digno, servicios públicos fuertes, vivienda, convivencia y justicia social”.