Nolasco suprime la cátedra y reasigna 30.000 euros
La Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia ha decidido cancelar el convenio de Cooperación al Desarrollo que el Gobierno de Aragón mantenía con la Universidad de Zaragoza, una colaboración vigente desde 2008 y renovada anualmente hasta el reciente cambio de Ejecutivo . La medida implica la supresión de los 30.000 euros previstos en los presupuestos autonómicos para financiar la cátedra universitaria durante 2026.
El vicepresidente Alejandro Nolasco ha explicado que estos recursos se redirigirán a servicios sociales de prioridad nacional, con especial atención a personas mayores y personas con discapacidad, ámbitos que —según subrayó— requieren una respuesta inmediata y sostenida por parte de la Administración autonómica . Esta decisión se enmarca en un plan más amplio de revisión y recorte de subvenciones no prioritarias, impulsado desde su llegada al departamento hace un mes.
Nolasco defendió la necesidad de “marcar un orden de prioridades” ante la existencia de “muchísimos aragoneses en situaciones de dificultad”, recordando que el Gobierno está desbloqueando la apertura de residencias paralizadas y revisando acuerdos con entidades sociales del ámbito de la discapacidad.
El vicepresidente destacó además que la cátedra ha supuesto un coste acumulado de 678.000 euros en los últimos siete años, una cifra que, según afirmó, contrasta con la falta de recursos para atender necesidades sociales urgentes en Aragón . Añadió que la Universidad de Zaragoza ya recibe más de 270 millones de euros anuales del Ejecutivo autonómico, por lo que será la institución académica quien decida si mantiene la cátedra con sus propios recursos.
El presupuesto total de la Universidad para 2026 asciende a 390,53 millones de euros, de los cuales más de 273 millones proceden del Gobierno de Aragón . Nolasco insistió en que “no tiene sentido mantener un gasto extra” en un convenio que, a su juicio, no se ajusta a las prioridades de su departamento, centrado en reforzar la atención social directa a la población aragonesa.
Finalmente, el vicepresidente enmarcó esta decisión en un contexto nacional marcado por lo que calificó como una “invasión migratoria” de elevado coste social y económico, que —según afirmó— incrementa la presión sobre los servicios públicos.
