Nolasco alerta de que uno de cada cinco menas está implicado en delitos

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha asegurado que “uno de cada cinco supuestos menas en Aragón” se encuentra en régimen de privación de libertad, bajo diligencias policiales, o implicado en episodios de gravedad. Según sus datos, de los 219 menores extranjeros no acompañados que la comunidad “acoge a la fuerza”, unos 40 estarían relacionados con comportamientos tipificados como delito en la legislación penal española.

Nolasco ha precisado que 16 de estos jóvenes se encuentran actualmente en privación de libertad por orden judicial, mientras que el resto está inmerso en expedientes o investigaciones por hechos graves. Ha subrayado que la atención a estos menores supone “más de 5.000 euros al mes por cabeza”, una cifra que, según ha criticado, “no llega a residencias de ancianos ni a jóvenes españoles de familias humildes para pagar sus estudios”.

El vicepresidente ha presentado un informe elaborado a partir de datos remitidos por los centros de menores, que recoge 17 episodios de delincuencia registrados entre el 20 de mayo y el 19 de junio. Entre ellos se incluyen robos, agresiones físicas, extorsiones, amenazas y alteraciones graves del orden público. Ha insistido en que el documento “no es valorativo”, sino un resumen de hechos “cometidos por supuestos menas alojados en centros de Aragón”.

Nolasco ha denunciado que, pese a estos episodios, los menores “son devueltos a los centros tras ser detenidos”, lo que, a su juicio, genera una situación de “impunidad” y un coste “indecente y carísimo para los españoles”.

El vicepresidente ha afirmado que Aragón “da hoy un paso que ninguna autoridad estatal o autonómica había dado hasta ahora”: denunciar públicamente la situación delictiva que, según sostiene, protagoniza “un porcentaje muy elevado” de estos jóvenes. Ha acusado al Gobierno central de “amparar” esta realidad y de eximir del reparto de menores a comunidades gobernadas por partidos independentistas.

Asimismo, ha citado datos del Instituto Nacional de Estadística, según los cuales la tasa de condenas penales de menores inmigrantes sería “el doble” que la de menores españoles. También ha descrito un “perfil tipo” de los jóvenes implicados: varones magrebíes, con una edad media declarada de 17 años, que —según ha criticado— no se somete a pruebas forenses de determinación de edad.

Nolasco ha calificado de “corrupción” el gasto público destinado a estos menores, a quienes acusa de “entrar ilegalmente en España” y “ser premiados con dinero público para ejercer la delincuencia”. Ha denunciado que el Gobierno central pretende garantizarles la residencia al alcanzar la mayoría de edad, lo que, en sus palabras, convierte el país en “una universidad del delito”.

Finalmente, ha acusado al Ejecutivo central de cometer un “triple fraude”:

1. Dar por menores a inmigrantes cuya edad no se comprueba.

2. No devolverlos a sus familias en origen, incumpliendo la Ley de Extranjería y la Convención de Derechos del Niño.

3. Afirmar que no tienen referentes familiares cuando, según Nolasco, sí los tienen.

El vicepresidente ha reiterado que su departamento seguirá denunciando la inmigración ilegal y los efectos que, a su juicio, tiene sobre la convivencia y la seguridad en Aragón.