IU–Sumar denuncia el avance del expolio territorial en Aragón

Izquierda Unida Movimiento Sumar ha elevado el tono frente a lo que considera un proceso acelerado de explotación territorial en el Alto Aragón y el Pirineo, impulsado por la proliferación de macroproyectos energéticos, centros de datos, macrogranjas y otras instalaciones de gran escala. La coalición sostiene que el Gobierno de Aragón está transformando el medio rural en una “zona de sacrificio” al servicio de intereses empresariales, sin una planificación democrática ni beneficios reales para los municipios afectados.

Durante las últimas semanas, representantes de IU–Sumar han mantenido reuniones con plataformas vecinales como STOP Baterías Samitier, STOP Biogás Somontano y Loporzano, Riglos sin Macrogranjas o la Plataforma por la Sostenibilidad de Monegros, colectivos que se han organizado para frenar proyectos que consideran lesivos para el territorio. De estos encuentros, la coalición extrae una conclusión común: la transición ecológica no puede convertirse en una coartada para profundizar en un modelo de expolio y desequilibrio territorial.

IU–Sumar recuerda que la declaración de emergencia climática ya advertía de los impactos sociales y ambientales del cambio climático, pero insiste en que no basta con sustituir tecnologías si no se modifica el modelo económico de fondo. La ausencia de una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica en Aragón, señalan, impide ordenar la implantación de proyectos y establecer límites claros.

Según la coalición, el Ejecutivo autonómico ha convertido al Alto Aragón en un territorio preferente para baterías de litio, plantas de biogás, centros de datos, macrogranjas porcinas y renovables de gran escala, sin criterios sociales, ambientales ni territoriales. Esta presión se extiende también al Pirineo, donde se suman proyectos vinculados al sector de la nieve y a la especulación inmobiliaria, agravando la pérdida de población y la degradación del entorno.

La formación subraya que son las plataformas ciudadanas quienes están asumiendo tareas que deberían corresponder a la administración: organizarse, recoger firmas, presentar alegaciones y asumir costes jurídicos para recurrir expedientes. El impacto, advierten, no es solo paisajístico: afecta al agua, al suelo, a la salud pública, a la biodiversidad y a la cohesión social, sin un retorno proporcional en empleo o riqueza.

IU–Sumar alerta también del incremento del consumo eléctrico en Aragón, que ya ha crecido un 9% y podría dispararse si se consolidan los proyectos ligados a la industria tecnológica. “Implantar infraestructuras altamente consumidoras de energía sin estrategia pública es una irresponsabilidad”, señalan.

Como respuesta, la coalición plantea medidas concretas: la creación de una Dirección General de Cambio Climático, la aprobación de una Ley Aragonesa de Cambio Climático y Transición Ecológica, la democratización de la energía mediante una empresa pública y una moratoria para grandes centrales renovables y centros de datos hasta disponer de una planificación rigurosa.

En este marco de defensa de los bienes comunes, IU–Sumar anuncia que impulsará la Ley aragonesa de fomento y protección del arbolado urbano, promovida por la Plataforma Árboles Vivos de Huesca, recordando que ya apoyó esta iniciativa en 2007. El arbolado urbano, subrayan, es una infraestructura verde esencial para la salud pública, la adaptación climática y la calidad de vida.

En materia ganadera, la coalición reafirma su rechazo al modelo de macrogranjas y apuesta por la ganadería extensiva y familiar, la soberanía alimentaria y la protección del medio rural. También cuestiona el uso sistemático de la figura PIGA, que consideran orientada a favorecer intereses empresariales sin beneficios reales para los pueblos.

“Aragón necesita una transición ecológica justa, con reglas, participación y beneficios compartidos; no una carrera por atraer macroproyectos a cualquier precio”, concluyen.