España activará el registro central contra la violencia infantil para unificar datos y reforzar la protección

El Gobierno de España y las comunidades autónomas pondrán en marcha el Registro Central de información sobre violencia contra la infancia y la adolescencia (RCIVIA), un sistema estatal que unificará datos procedentes del Consejo General del Poder Judicial, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sociales y administraciones públicas. La medida fue anunciada durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Según el Ejecutivo, el real decreto que regula este registro será aprobado próximamente, en cumplimiento de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), aprobada en 2021.

Un sistema para unificar datos y mejorar las políticas públicas

El RCIVIA nace con el objetivo de “recopilar información que permita el conocimiento uniforme del estado de situación de la violencia contra la infancia y la adolescencia” y facilitar la coordinación entre instituciones, según recoge la nota oficial .

La ministra anunció también la creación del Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI), cuya información se integrará directamente en el RCIVIA para completar la visión del fenómeno desde el ámbito social.

Transferencia de fondos para la atención a menores migrantes no acompañados

Durante la Conferencia Sectorial se ratificó la transferencia de 35 millones de euros a comunidades y ciudades autónomas para la atención de infancia migrante no acompañada, aprobada días antes en Consejo de Ministros.

El reparto prioriza a los territorios con mayor presión migratoria:

• Canarias: 4 millones de euros

• Illes Balears: 2 millones

• Ceuta: 5,5 millones

• Melilla: 4 millones

El resto se distribuye proporcionalmente según el número de menores migrantes acogidos en cada comunidad autónoma.

Un paso clave en la implementación de la LOPIVI

La puesta en marcha de estos registros supone un avance decisivo en la aplicación de la LOPIVI, que exige mecanismos de información homogéneos para diseñar políticas públicas eficaces y garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia.