Doce comunidades reclaman al Gobierno consenso en el Real Decreto de prevención en incendios
Aragón y otras once autonomías denuncian incumplimientos en la Ley básica de bomberos forestales y exigen reiniciar el proceso con participación real, criterios técnicos y cogobernanza.
El Gobierno de Aragón, junto a otras once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha reclamado al Gobierno de España un proceso “conjunto y consensuado” en la elaboración del Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en incendios forestales. Las autonomías denuncian que el Ejecutivo central no ha cumplido los criterios de la Ley 5/2024, básica de bomberos forestales, que exige un reglamento elaborado “previo acuerdo con las administraciones competentes y elaborado conjuntamente con ellas”.
Según el comunicado, los gobiernos autonómicos consideran que no se han respetado ni los plazos ni el procedimiento legalmente previsto, señalando que el plazo de elaboración “ha sido ampliamente superado” y que el proceso se ha limitado a fases de información pública sobre textos ya definidos, sin verdadera cogobernanzaPágina actualPágina actual. Por otro, el proceso no ha respondido al principio de elaboración conjunta, limitándose el gobierno a dar participación ....
Además, lamentan que la mayoría de las aportaciones consensuadas entre las autonomías “han sido desestimadas” por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Preocupación por el contenido técnico del borrador
Las comunidades alertan de que el texto actual no incorpora adecuadamente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría generar “disfunciones relevantes en la gestión de emergencias”.
Reclaman que en el proceso participen el responsable operativo de extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF), órganos clave para garantizar la coherencia técnica del futuro reglamento.
También advierten de que algunas previsiones del borrador podrían comprometer la eficacia en la toma de decisiones durante las intervenciones y generar “inseguridad jurídica” para los responsables operativos y de seguridad laboral.
Compromiso autonómico con la seguridad laboral
Las comunidades reafirman su compromiso con la protección de la salud de los bomberos forestales, recordando que la prevención debe adaptarse a las características específicas de un servicio esencial de protección civil. Subrayan que la extinción de incendios tiene como objetivo prioritario “la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente” y requiere un marco normativo flexible ante contextos de emergencia.
Exigen reiniciar el proceso normativo
Ante esta situación, las comunidades y ciudades autónomas solicitan al Gobierno de España retomar el proceso desde el inicio, garantizando:
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Participación real y efectiva de las autonomías.
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Creación de grupos de trabajo mixtos Estado–CCAA.
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Integración del conocimiento técnico-operativo y preventivo.
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Cumplimiento estricto de las previsiones legales.
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Un texto final basado en el acuerdo previo y la elaboración conjunta.
El objetivo, subrayan, es disponer de un marco normativo que refuerce la seguridad y salud laboral sin comprometer la eficacia de los operativos de extinción.